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A juicio figuras vinculadas a
Lage y Pérez Roque
El ex-ministro de relaciones
exteriores Felipe Pérez Roque y el ingeniero industrial devenido
empresario Conrado Hernández.
18 de octubre del 2009. El gobierno cubano ha puesto en manos del fiscal
general Juan Escalona Reguera, un hombre de mano dura y total confianza
entre la elite de poder, la supervisión del caso penal contra el
empresario Conrado Hernández y otras figuras vinculadas a la destitución
del vicepresidente Carlos Lage y del canciller Felipe Pérez Roque.
"Es una señal terrible'', comentó Alcibíades Hidalgo, ex vicecanciller
cubano que desertó en Estados Unidos en el 2002. "La inclusión de
Escalona en el caso significa que a esta gente las van a juzgar con
máxima severidad; no quisiera estar en sus zapatos''.
Según dijo a El Nuevo Herald una fuente vinculada a la Fiscalía General,
que pidió el anonimato, entre los cargos que se barajan están los de
espionaje y revelación de secretos concernientes a la seguridad del
Estado.
Agregó que el expediente del caso se encuentra en fase preparatoria, a
cargo de un alto oficial del órgano de instrucción de la Seguridad del
Estado. La fecha para el juicio pudiera fijarse para el año próximo.
"El oficial encargado del expediente de instrucción es el teniente
coronel Estrada, una estrella en ascenso que llevado con éxito varios
casos grandes de corrupción en las esferas del gobierno'', dijo la
fuente. "Escalona personalmente, como supervisor, garantizará que la
acusación no se caiga''.
La fuente agregó que, además de Hernández, al menos otras dos personas
están incluidas como acusados en el expediente: la esposa de Hernández,
la teniente coronel Amalia (no ha sido posible identificar su apellido),
doctora del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ); y Raúl
Castellanos Lage, primo del destituido vicepresidente. Ni Carlos Lage ni
Pérez Roque figurarían en la acusación, aunque sus declaraciones podrían
tomarse en cuenta para el proceso judicial.
Hernández, de 60 años, y Castellanos Lage, de 56, fueron detenidos en
febrero y marzo, respectivamente, y ambos permanecen incomunicados en
Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado, en La Habana.
Amalia fue interrogada, pero se encuentra en libertad en el apartamento
que compartía con Hernández en una moderna edificación del barrio
habanero de El Vedado. El edificio está en la intersección de las calles
1ra. y C de esa zona residencial y la vivienda del matrimonio Hernández
se ubica en el quinto piso, que también está ocupado por varios
empresarios vascos radicados en Cuba.
Representante de los intereses comerciales vascos en La Habana y miembro
del Partido Comunista de Cuba (PCC), Hernández tenía estrechos vínculos
con Lage desde la infancia. Según versiones sobre un video oficial
exhibido a partir de abril entre dirigentes y militares de alto rango,
Hernández admitió que había transmitido información confidencial a la
inteligencia española sobre cambios en las estructuras gubernamentales
tras la enfermedad de Fidel Castro. El Nuevo Herald dio a conocer las
primeras revelaciones sobre el video a finales de mayo, pero no ha
podido verlo.
Las versiones sobre el contenido del video --que hasta hoy no se ha
hecho público-- han sido elaboradas y contrastadas a partir de
testimonios de personas que afirman haber tenido información de primera
mano brindada por participantes en las proyecciones a puertas cerradas.
Alegadamente, Amalia habría ofrecido datos acerca de la situación de
Castro aprovechando su puesto en el CIMEQ, de acuerdo con la fuente.
Castro recibió tratamiento médico en la institución tras someterse a una
intervención quirúrgica por trastornos intestinales en julio del 2006.
Su estado de salud es "un secreto de Estado''.
Las versiones indican que Amalia dice en el video --con versiones de
tres y siete horas de duración-- que Hernández le preguntaba
insistentemente sobre la salud de Castro. Según la fuente de la fiscalía,
ella está cooperando con las autoridades y podría recibir una
significativa atenuación de su presunta culpabilidad por colaborar en la
investigación.
En cuanto a Castellanos Lage, quien era sudirector y responsable de
inversiones en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICCC)
de La Habana, sus problemas parecen vinculados a la relación con
Hernández, así como a ciertos comentarios en los que calificaba de "dinosaurio''
al actual vicepresidente primero José Ramón Machado Ventura y llegaba
incluso a decir que su muerte sería "un gran servicio a la patria''.
Castellanos Lage encaró un anterior proceso de purgas en 1992, cuando
fue expulsado del Comité Central del PCC y destronado junto a su jefe,
Carlos Aldana, de la dirección del Departamento Ideológico. De ese
entonces datan sus rencillas con Machado Ventura, quien criticaba
duramente los intentos aperturistas de Aldana en los sectores ideológico
y cultural en los años 80.
El Código Penal cubano estipula sanciones de 10 a 20 años de cárcel o
pena de muerte por actos de espionaje en favor de los servicios de un
estado extranjero, y hasta 15 años por la revelación de secretos
políticos, militares, económicos o de cualquier naturaleza que
conciernan a la seguridad nacional.
De acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal, vigente desde 1977, la
fase preparatoria no debe exceder los 60 días, pero puede prorrogarse
por causas justificadas hasta seis meses; el fiscal general, que ha
tomado control del expediente, tiene potestad para extender el plazo
hasta que se cierre la investigación. La fuente no precisó si el proceso
se inició a finales de marzo o en abril.
Concluida la fase preparatoria, los acusados deberán presentarse a
juicio en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal
Provincial de Ciudad de La Habana. Como es común en estos casos, el
juicio se realiza a puertas cerradas y con acceso limitado para los
familiares de los acusados.
La entrada de un fiscal de control y supervisión en la fase preparatoria
está concebida para velar por la legalidad de los procedimientos y
ordenar al instructor las diligencias necesarias para consolidar la
acusación.
Escalona, de 78 años, general de brigada (retirado) de las Fuerzas
Armadas y hombre cercano al gobernante Raúl Castro, es recordado
popularmente como el temible fiscal del caso contra el general de
división Arnaldo Ochoa y otros altos militares en 1989. Ha desempeñado
otras tareas estratégicas dentro de la cúpula de poder gubernamental y
militar, como artífice de la ley de Servicio Militar Obligatorio (1963),
jefe de Estado Mayor de las tropas cubanas en Angola, ministro de
Justicia (1984-1999) y presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular (1990-1992).
"Escalona está metido de lleno a este caso'', dijo un experimentado
abogado que trabajó en la Fiscalía General que pidió anonimato. "Es un
hombre esmerado en cada cosa que hace y esto es una tarea muy
comprometida con el alto mando''.
Sin embargo, las labores de supervisión del caso pudieran haberse
retrasado durante las últimas semanas. A fines de septiembre, Escalona
tuvo que ser ingresado en el Hospital Cira García, en Miramar, por
trastornos circulatorios, según confirmó a El Nuevo Herald un empleado
de esa entidad que pidió no ser identificado.
Las más recientes imágenes en público de Escalona se remontan al 15 de
septiembre, durante las honras fúnebres del comandante Juan Almeida
Bosque. En esa ocasión se le vio demacrado y con andar lento.
Mientras tanto, las referencias a la destitución de Lage, Pérez Roque y
otras altas figuras de la nomenclatura castrista comienzan a esfumarse
entre los cubanos de a pie, que sólo han recibido las noticias de las
implicaciones del caso a través de los rumores generados por la
exhibición del video oficial en reducidos círculos.
La prensa oficial sólo informó de la destitución mediante un comunicado
oficial del Consejo de Estado, el 3 de marzo, sin explicar los motivos.
Un día después, Fidel Castro escribió un artículo en que los calificó de
indignos, aseverando que "la miel del poder por el cual no conocieron
sacrificio alguno'' despertó en ellos ambiciones que ilusionaron a los
enemigos de Cuba.
"Este caso constituye una muestra elocuente del grado de indefensión de
los ciudadanos cubanos y la precariedad del respeto a los derechos
civiles en este país'', dijo desde La Habana el activista Elizardo
Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN). "Si dos integrantes de la alta
nomenclatura fueron sometidos a espionaje electrónico sin mediar orden
judicial, debemos imaginarnos lo que puede esperar la ciudadanía en
cuanto a sus derechos de privacidad y de respeto a sus comunicaciones''.
La CCDHRN incluyó el caso en su último informe sobre la situación de los
derechos humanos en Cuba, emitido en agosto. A su vez, sus activistas
han tratado de contactar a las familias de Hernández y Castellanos Lage
para ofrecerles asesoramiento legal, pero no han recibido respuesta
hasta el momento.
"Este es un caso de clara motivación política, máxime cuando las
personas encarceladas desde hace meses no son reos comunes, sino
víctimas de algún modo de la represión oficial'', apuntó Sánchez.
Los medios estatales no han mencionado la existencia del video. Su
contenido ha trascendido en la prensa internacional a través de
versiones contrastadas de personas que dicen haberlo visto o que
recibieron el relato de primera mano.
"La expectativa de la gente era que el video circulara en la calle, pero
eso no pasó, no se filtraron copias'', opinó el periodista independiente
Julio Aleaga Pesant. ‘‘Pero ya nadie se acuerda aquí de lo que ocurrió,
es un tema que se ha ido desvaneciendo en medio de otras urgencias
cotidianas''.
Aleaga consideró que el video tuvo impacto entre la burocracia dirigente
para la que fue concebido.
"Su propósito era crear un clima de terror entre ellos, dejarles saber
que todos están en la mirilla'', opinó Aleaga.
La grabación de las llamadas telefónicas y de los movimientos de los
implicados constituyen el sustento documental del proceso de purgas
emprendido por Raúl Castro el 2 de marzo. El detonador del caso fue la
detención el 14 de febrero de Hernández y Amalia en el Aeropuerto
Internacional José Martí, de La Habana, cuando se disponían a viajar a
Bilbao.
La oficina de Hernández, delegado de la Sociedad para la Promoción y
Reconversión Industrial (SPRI), fue sometida el 27 de febrero a una
exhaustiva requisa policial que concluyó con la incautación de varias
cajas de documentos. Bajo la égida de la SPRI se promovió y multiplicó
hasta los $184 millones el comercio de las empresas vascas en la isla.
Apenas 72 horas después del registro, el 3 de marzo, apareció el
comunicado oficial del Consejo de Estado informando de los cambios en el
gabinete.
En el video, Raúl Castro menciona a Hernández como un informante del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, quien fue captado en el
2007 por los servicios secretos españoles en virtud de sus cercanos
vínculos con Lage y otros miembros de la jerarquía castrista.
La pista de Hernández llevó a la inteligencia cubana a grabar varios
encuentros en una residencia campestre en las cercanías de Arcos de
Canasí, unos 60 kilómetros al este de La Habana. El lugar, mencionado
como "la finca'', servía para fiestas convocadas por el empresario con
la participación de Lage, Pérez Roque, Castellanos Lage y sus
respectivas familias.
De acuerdo con los relatos sobre el video oficial, los participantes en
las reuniones se burlaron en ocasiones de la capacidad de los llamados
dirigentes históricos, entre ellos Fidel Castro y Machado Ventura. Fotos
e imágenes de esas reuniones han sido divulgadas en Miami por el
programa María Elvira Live, conducido por la periodista María Elvira
Salazar en el canal MegaTV.
El video también revela que Hernández conoció --por vía de Lage-- la
designación de Machado Ventura como vicepresidente primero un día antes
de la sesión del Parlamento Cubano donde se hiciera oficial, el 24 de
febrero del 2008. La información se filtró la noche anterior en la
fiesta de boda de Castellanos Lage en el Hotel Ambos Mundos, de La
Habana Vieja, a la que asistieron Hernández, Lage, Pérez Roque y el
entonces jefe de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC,
Fernando Remírez de Estenoz.
"La fiesta se convirtió en un velorio'', expresa Raúl Castro en el video
para describir la reacción de los asistentes a la boda cuando Lage les
comunicó confidencialmente que el elegido como "número dos'' no había
sido él, sino Machado Ventura''.
Raúl Castro se refiere además en el video a la "conducta indecente'' del
entonces secretario de Fidel Castro, Carlos Valenciaga, quien celebró su
34to. cumpleaños en una sala del Consejo de Estado en un ambiente de "relajamiento
moral'' el 16 de septiembre del 2006.
Según testimonios sobre el video ampliamente comentados en la prensa
internacional, Valenciaga hizo gestos burlones respecto a Fidel Castro.
El video presenta fotos suyas con una gorra de comandante y una botella
entre las piernas, celebrando justamente en momentos en que su jefe se
debatía entre la vida y la muerte. Valenciaga fue destituido sin anuncio
público y trabaja actualmente en la Biblioteca Nacional en La Habana.
Uno de los tópicos menos divulgados hasta hoy del video implica la
responsabilidad de Lage en la aprobación inconsulta y precipitada de los
planes en Cuba del empresario italiano Alfonso Lavarello.
Al parecer, Lavarello vendió la idea de la inminente llegada de cruceros
a La Habana para promover un negocio de exportación de suministros a
través de una empresa mixta que incurrió en supuestas operaciones
fraudulentas, según confirmó un abogado de la Consultoría Jurídica
Internacional de La Habana que pidió no ser identificado. Cuba canceló
los contratos y enfrenta ahora una demanda millonaria de Lavarello,
quien abandonó la isla.
En la reunión del Buró Político donde se analizaron las destituciones el
2 de marzo, Raúl Castro califica a Lage, Pérez Roque y Valenciaga de "dirigentes
probeta'' que saltan de la dirección de organizaciones como la Juventud
Comunista (UJC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) a altos
puestos en el gobierno, según testimonios relativos al video.
Pérez Roque, ingeniero eléctrico de profesión, ha sido asignado para
laborar en una fábrica siderometalúrgica. Lage --graduado de Medicina--
trabaja actualmente en funciones administrativas en el Hospital Julito
Díaz de La Habana, según información reciente.
Aleaga dijo que la vida de Lage transcurre en relativa normalidad.
"La pasada semana asistió con su esposa a una función teatral en la sala
El Sótano [en El Vedado], todo el mundo lo vio''.
Fuente: © 2009 El Nuevo Herald.
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El gobierno enjuiciará al
empresario Conrado Hernández
También serán encausadas otras personas vinculadas a las
destituciones de Carlos Lage y el ex canciller Felipe Pérez Roque.
Redacción CE. 18/10/2009. El gobierno llevará a juicio al ingeniero
industrial Conrado Hernández, ex representante en la Isla de la Sociedad
para la Promoción y Reconversión Industrial del Gobierno vasco, y
también a otras personas vinculadas a las destituciones del ex
vicepresidente Carlos Lage y el ex canciller Felipe Pérez Roque, informó
el diario miamense El Nuevo Herald.
Según el rotativo, que cita una fuente anónima de la Fiscalía General de
Cuba, el fiscal general Juan Escalona Reguera es quien lleva el caso y
entre los cargos que se barajan están los de espionaje y revelación de
secretos concernientes a la Seguridad del Estado.
El diario señala que la misma fuente informó que el expediente del caso
se encuentra en fase preparatoria y la fecha para el juicio podría
fijarse para el año próximo.
"El oficial encargado del expediente de instrucción es el teniente
coronel Estrada, una estrella en ascenso que ha llevado con éxito varios
casos grandes de corrupción en las esferas del gobierno. Escalona
personalmente, como supervisor, garantizará que la acusación no se caiga'',
añadió la fuente a El Nuevo Herald.
De acuerdo con la fuente, citada por el rotativo, también están
implicados en el caso la esposa de Hernández, la teniente coronel Amalia,
doctora del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ); y Raúl
Castellanos Lage, primo del destituido vicepresidente, quien junto a
Hernández está incomunicado en Villa Marista.
Asimismo, afirmó que ni Carlos Lage ni Pérez Roque están acusados, y que
Amalia, quien fue interrogada pero permanece en libertad, habría
ofrecido datos acerca de la situación de salud de Castro.
El diario miamense indica que, según la fuente citada, la mujer está
cooperando con las autoridades y podría recibir una significativa
atenuación de su presunta culpabilidad, aunque no se sabe si el proceso
se inició a finales de marzo o en abril.
El Código Penal cubano estipula sanciones de 10 a 20 años de cárcel o
pena de muerte por actos de espionaje en favor de los servicios de un
estado extranjero, y hasta 15 años por la revelación de secretos
políticos, militares, económicos o de cualquier naturaleza que
conciernan a la seguridad nacional, afirma El Nuevo Herald.
Fuente: © cubaencuentro.com
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