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Hostigamiento a opositores en toda la isla
LA HABANA/13 de noviembre del 2003
(www.cubanet.org)

Cuando apenas han transcurrido ocho meses de la última ofensiva de arrestos y encarcelamientos a 75 defensores de la democracia en Cuba entre los que se hallan periodistas independientes, miembros y lideres de la disidencia, el aparato policial de Fidel Castro lanza otra cruzada contra el resto de los grupos de la isla.

Desde las provincias de Pinar del Río, La Habana, Sancti Spíritus, Camagüey, Holguín, Ciego de Avila y Las Tunas llega información sobre actas de advertencia, amenazas de desalojo, interrupción en las líneas de comunicación por Internet y teléfono e impidiendo
llamadas directas o salidas por fax, acoso, chantajes, algunos de los métodos con que la policía política intenta callar y eliminar a la oposición.

''Vamos hacer una recogida masiva mayor que la sucedida en marzo'', advirtió un oficial a Arsenio Pérez León, delegado municipal de Habana del Este y miembro del Partido Ortodoxo Cubano.

León y además, Jorge Luis Matías Lemus delegado por Pinar del Río y quien se hallaba de visita fueron amenazados con revocarles su causa de libertad condicional (por supuesta piratería y salida ilegal) de continuar asistiendo a actividades "subversivas".

Igualmente Andrés Nápoles, María de los Angeles Borrego, Jorge García Torres, miembros de Hijos de la Virgen de Regla recibieron recientemente amenazas. Torre fue puesto en aviso de perder su trabajo de paramédico si continuaba apoyando las vigilias por los
presos políticos y la reconciliación nacional.

A Juan Fernández Wichy, de Acción Democrática y firmante del Proyecto Varela, un agente de la policía le dijo que se había suicidado con firmar el referendo de esa iniciativa.

Miguel García, activista pro Derechos Humanos también fue citado por el Capitán Eduardo. Mientras Idanis del Rosario Martínez Martín, de pro Justicia Social, fue conducida por tres veces a los cuarteles de interrogación de la Seguridad.

Benito Soler Molina, miembro de Hijos de la Virgen de Regla y empleado de comunales sufrió rebaja en su salario y traslado de puesto.

Yolanda Quintana Estupiñán, de la agrupación Pedro Luis Boitel, fue amenazada con la Ley 88 por atentar contra la integridad del país.

Los opositores pacíficos Julia Cecilia Delgado, presidenta en funciones del Partido Liberal Democrático de Cuba, y Rogelio Menéndez, presidente del Movimiento Municipios de Cuba de Derechos Humanos, fueron citados. La policía política advirtió a Menéndez que
estaba en libertad debido a una medida cautelar, pero que sobre él pesan graves acusaciones.

También fueron citados a interrogatorios Henry Saumell, que encabeza el Movimiento Alternativa Republicana, promotor de las peñas disidentes, y su esposa, Yadira García.

Por otra parte, a agencias periodísticas en la isla, como el proyecto de Nueva Prensa Cubana, les están bloqueando sus teléfonos para impedir comunicarse con el exterior. De igual forma en La Habana han cancelado teléfonos con llamadas directas al exterior, lo
que impide la comunicación por fax.

En Isla de Pinos el comunicador Carlos Serpa Maceira presenció el segundo intento de desalojo de su vivienda, que podría dejar en la calle a su esposa e hija enfermas.

Severa advertencia fue realizada a la periodista Claudia Márquez por el lanzamiento de la revista De Cuba, a quien comunicaron que podría correr igual suerte de su esposo, Osvaldo Alfonso, presidente del partido Liberal, condenado a 18 años. También fueron "visitados" con iguales intenciones intimidatorios los periodistas independientes
Anna Rosa Veitía, Ernesto Roque, Juan Carlos Linares y Fara Armenteros.

En Morón, provincia de Ciego de Avila, estuvo detenido el periodista independiente Abel Escobar Ramírez, y José Alvarez Castillo fue víctima de un operativo de la Seguridad del Estado, que le confiscó cerca de 400 libros y folletos.

Mientras esto sucede, decenas de periodistas y disidentes encarcelados sufren peor suerte, y viven en las más deplorables condiciones humanas, pésima alimentación, torturas psicológicas, enfermedades y trastornos por la inadecuada atención médica.