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Documentos
Declaración de Santa Cruz de la
Sierra
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 14 y 15 de noviembre de
2003
“La inclusión
social, motor del desarrollo de la Comunidad Iberoamericana”.
1. Los Jefes de Estado
y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos, reunidos en la XIII
Cumbre Iberoamericana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
reiteramos nuestro propósito de seguir fortaleciendo la Comunidad
Iberoamericana de Naciones como foro de diálogo, de cooperación y de
concertación política, profundizando los vínculos históricos y
culturales que nos unen, admitiendo, al mismo tiempo, los rasgos propios
de cada una de nuestras múltiples identidades que nos permiten
reconocernos como una unidad en la diversidad.
2.
Reconocemos que la lucha contra la pobreza es esencial para la promoción
y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común
y compartida de nuestros Estados y de la Comunidad Internacional.
Declaramos que la superación de la pobreza requiere de la aplicación de
políticas integrales definidas y desarrolladas por el Estado con la
participación de todos los sectores de la sociedad, siendo el
crecimiento económico una condición necesaria pero no suficiente para
promover una mejor calidad de vida, superar la pobreza y eliminar la
exclusión social.
3.
Reafirmamos nuestra voluntad de reforzar las políticas y estrategias
orientadas a luchar contra la pobreza y las causas que la originan, que
hagan posible establecer condiciones de mayor inclusión social y
expresamos nuestro convencimiento de que el mayor ejercicio de los
derechos ciudadanos, la promoción de la equidad y la justicia social y
la plena participación en la toma de decisiones sobre todos los asuntos
de la vida nacional serán factores determinantes para el desarrollo de
nuestras sociedades y para el afianzamiento de la gobernabilidad y la
estabilidad democráticas.
4.
Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios del Derecho
Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el respeto
a la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados, el principio de no
intervención, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial, la
solución pacífica de las controversias y la protección y promoción de
todos los derechos humanos para hacer frente a los problemas de la
agenda internacional en un mundo globalizado. Nos manifestamos por un
eficaz fortalecimiento del multilateralismo y del papel de la
Organización de Naciones Unidas, como foro en el que deben resolverse
las controversias internacionales, salvaguardar la paz y la seguridad
internacionales y promover el desarrollo económico y social en el mundo.
5.
Reafirmamos que el Consejo de Seguridad es el órgano con la
responsabilidad primordial para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Nos pronunciamos a favor de una amplia
reforma de dicho órgano a fin de que opere de manera democrática, eficaz
y transparente. Asimismo, apoyamos una amplia reforma del Sistema de
Naciones Unidas que incluya una Asamblea General y una Secretaría
General fortalecidas en sus funciones.
6.
Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la aplicación unilateral y
extraterritorial de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional,
la libertad de mercado, navegación y comercio mundial y, por ello,
exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin
a la aplicación de la Ley Helms-Burton.
7.
Subrayamos la importancia del establecimiento de la Corte Penal
Internacional como órgano dedicado a investigar, juzgar y sancionar los
crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, que afectan a toda
la comunidad internacional. Destacamos la elección de distinguidos
juristas iberoamericanos para integrar esta Corte, como jueces y fiscal,
y subrayamos la importancia de la adhesión y ratificación universal del
Estatuto de Roma.
8.
Reconocemos que la democracia, la paz, la justicia, la equidad y el
desarrollo sostenible son conceptos estrechamente vinculados que se
refuerzan mutuamente. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso
con la
consolidación de la democracia y el mantenimiento del Estado de Derecho,
la protección y promoción de los derechos humanos, el reconocimiento y
respeto a la propia identidad y al ejercicio de la diversidad cultural,
así como el derecho de cada Estado a construir libremente sin injerencia
extranjera, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político y sus
instituciones.
9.
Subrayamos, asimismo, la importancia de instrumentar medidas orientadas
a la superación de las condiciones socioeconómicas de pobreza y
exclusión, campos fértiles para la desestabilización social y política.
10.
Reafirmamos nuestra convicción de que constituyen elementos esenciales
de la democracia, la independencia y equilibrio de poderes, la adecuada
representación de mayorías y minorías, la libertad de expresión,
asociación y reunión, el pleno acceso a la información, la celebración
de elecciones libres, periódicas, transparentes y basadas en el sufragio
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la
participación ciudadana, la justicia social y la igualdad.
11.
Reiteramos nuestro empeño en el fortalecimiento institucional del
Estado, en lograr administraciones públicas más eficaces y transparentes
y en promover los instrumentos necesarios para una mayor participación
de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones. Los Estados
Iberoamericanos fortalecerán en sus agendas gubernamentales las
políticas de reforma de la Administración Pública. En este marco,
expresamos nuestro especial compromiso para avanzar en la
profesionalización de la Función Pública, acorde con los principios y
orientaciones adoptadas en la “Carta Iberoamericana de la Función
Pública”, aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada el 26 y 27 de
junio de 2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
12.
Reafirmamos nuestra voluntad de combatir la corrupción en los sectores
público y privado y la impunidad, que constituyen una de las mayores
amenazas a la gobernabilidad democrática. Reiteramos la importancia de
la cooperación internacional incluyendo, en su caso, los procedimientos
de extradición, en la efectiva lucha contra la corrupción respetando los
procedimientos jurídicos de cada país. El acceso a la información en
poder del Estado promueve la transparencia y constituye
un
elemento esencial para la lucha contra la corrupción y es condición
indispensable para la participación ciudadana y el pleno goce de los
derechos humanos.
13.
Expresamos nuestro firme compromiso de combatir el terrorismo en todas
sus formas y manifestaciones, con estricto apego al derecho
internacional, a las normas internacionales de protección de los
derechos humanos, y el derecho internacional humanitario. Estamos
decididos a reforzar nuestras legislaciones nacionales y fortalecer la
cooperación internacional para prevenir, reprimir, combatir y sancionar
todo acto terrorista, dondequiera que se produzca y por quien quiera que
lo cometa, a no prestar ayuda ni refugio a los autores, promotores o
participantes en actividades terroristas, de conformidad con las
resoluciones relevantes de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyamos los trabajos del Comité
contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad para combatir este
flagelo, que representa una seria amenaza a la paz, la estabilidad
democrática y el desarrollo de los pueblos.
14.
Reafirmamos nuestro permanente compromiso de fortalecer la lucha contra
el problema mundial de las drogas y sus delitos relacionados, desde un
enfoque integral y equilibrado, que establezca una cooperación
internacional fundada en los principios de la soberanía de los estados y
la responsabilidad común y compartida. Asimismo, reiteramos nuestro
compromiso de seguir cooperando en la lucha contra las diversas
manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional.
15.
Destacamos el positivo impacto social de los programas de desarrollo de
cultivos alternativos en las comunidades rurales. Reconocemos la
importancia de programas, eficaces y solidarios, de sustitución de
cultivos ilícitos, para favorecer la inclusión social de los grupos más
desfavorecidos del campo y los trabajadores rurales e indígenas, e
instamos a la comunidad internacional a intensificar su apoyo a estos
programas y a propiciar el acceso a los mercados internacionales de los
productos de exportación resultantes de estos programas.
16. La
situación de la economía mundial, la disminución del financiamiento para
el desarrollo y de la cooperación multilateral afectan
significativamente a nuestras sociedades. El problema se agrava por la
volatilidad de los flujos financieros y de los capitales, el descenso de
los precios de los productos básicos de exportación y la persistencia de
barreras comerciales y medidas no arancelarias que dificultan las
exportaciones, incluido el efecto de aquellas prácticas que, como los
subsidios, distorsionan el comercio. Sobre este último asunto expresaron
al mismo tiempo, su aprecio por el tratamiento constructivo del tema en
las negociaciones entre América Latina y la Unión Europea. Los problemas
señalados tienen un impacto muy negativo sobre las balanzas de pagos, ya
muy afectadas por las grandes oscilaciones de los precios de los
productos básicos de exportación.
17.
Reiteramos la importancia del acceso de las exportaciones de los países
en desarrollo a todos los mercados. Confiamos en que el cumplimiento de
los compromisos asumidos en la Conferencia de Monterrey por los países
donantes lleve a que la Ayuda Oficial al Desarrollo acelere el
crecimiento recuperado en los dos últimos años y contribuya de ese modo
a asegurar una adecuada transferencia de recursos financieros hacia las
regiones menos favorecidas del mundo incluidos los países de ingresos
medios con altos niveles de pobreza y hacia programas y proyectos que
favorezcan la reducción de la pobreza.
18.
Ratificamos el deber de resolver, de manera efectiva, justa y duradera,
el problema de la deuda externa que afecta a los países de la región,
teniendo en consideración que los planes de ajuste económico preserven
los principios de equidad y justicia social así como la lucha contra la
pobreza, el hambre y la desocupación. A los efectos de aliviar el peso
de la deuda a través de las negociaciones e iniciativas multilaterales,
instamos al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo a que intensifiquen los mecanismos de
prevención y resolución de las crisis financieras por las que atraviesan
determinadas economías latinoamericanas, evaluando, en cada caso y con
los países afectados, fórmulas para aliviar cargas insostenibles de la
deuda, preservando los principios de responsabilidad mutua, de equidad,
de combate a la exclusión y, en especial, promoviendo el fortalecimiento
de la gobernabilidad de las democracias.
19. Las
demandas sociales insatisfechas de nuestras poblaciones constituyen una
amenaza a la gobernabilidad democrática. En ese contexto, recomendamos
continuar con la búsqueda de mecanismos financieros innovadores
destinados a afianzar dicha gobernabilidad y contribuir a la superación
de la pobreza.
20.
Acogemos con interés la iniciativa para la creación de un Fondo
Humanitario Internacional, como mecanismo de financiación que permita
acceder a fondos especiales que contribuyan a mitigar los efectos de la
pobreza en los países en desarrollo.
21.
Reconocemos el impacto positivo que tienen sobre la superación de la
pobreza en nuestros países los avances de orden institucional que han
significado una mayor participación ciudadana en el proceso de toma de
decisiones, el mayor acceso de la población a la justicia y la lucha
contra la corrupción. Sin embargo, reconocemos que las reformas
económicas estructurales llevadas a cabo con tanto sacrificio por
nuestros pueblos y por nuestros gobiernos en muchos casos no han
producido resultados suficientes sobre la disminución de las
desigualdades y de la exclusión social, e incluso en algunos casos, han
significado un retroceso o profundización de estos fenómenos.
22.
Somos conscientes de que la exclusión social es un problema de carácter
estructural con profundas raíces históricas, económicas y culturales
cuya superación demanda una profunda transformación de nuestras
sociedades, afectadas por la desigualdad en la distribución de la
riqueza. Reconocemos la urgente necesidad de aplicar políticas públicas
dirigidas a disminuir la pobreza e incrementar el grado de participación
ciudadana de todos los sectores excluidos de la población en el diseño
de las políticas sociales, la toma de decisiones y el control y la
fiscalización sobre los recursos financieros destinados a dar
cumplimiento a estas políticas, de manera que sean ellos los actores de
su propio y pleno desarrollo. Así podremos propiciar su acceso a la
tierra, a las fuentes de trabajo, a una mejor calidad de vida, a la
educación, la salud, la vivienda y otros servicios básicos.
23.
Tenemos la certeza de que la pobreza no se resuelve con planes
asistenciales. Aún cuando éstos constituyan un paliativo obligado hasta
la efectiva solución del problema, debe evitarse que cristalice una
sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos.
Por ello, nos proponemos impulsar todas las acciones necesarias para
disminuir las elevadas tasas de desocupación que castigan a nuestras
sociedades, generando condiciones propicias para el desarrollo de los
negocios y la inversión productiva y mediante programas de capacitación
y de generación de empleo que permitan insertar a los desempleados, en
las actividades productivas. Asimismo, reafirmamos nuestra convicción de
que el trabajo decente tal como es concebido por la OIT, es el
instrumento más efectivo de promoción de las condiciones de vida de
nuestros pueblos y de su participación en los frutos del progreso
material y humano.
24.
Ratificamos el compromiso de seguir avanzando con las políticas
solidarias de desarrollo sostenible que permitan alcanzar de forma
planificada y equitativa las metas de erradicación de la extrema
pobreza, dotación de servicios básicos para toda la población,
mejoramiento de la calidad de vida, protección del medio ambiente y uso
sostenible de los recursos naturales y la modificación de los patrones
no sostenibles de producción y consumo. Exhortamos por ello a los países
desarrollados, a los organismos de cooperación y a las instituciones
financieras multilaterales a reforzar la ayuda dirigida a programas y
proyectos de desarrollo que cumplan con esas políticas.
25.
Admitimos, por otra parte, que la crisis económica que afecta a la
mayoría de los países iberoamericanos y la desigualdad en la
distribución de los recursos y de los ingresos están produciendo un
considerable deterioro y vulnerabilidad de la seguridad alimentaria de
grandes sectores de nuestra población, especialmente en las zonas
rurales, lo que tiene grandes repercusiones sobre el desarrollo humano y
sostenible de la región. Por ello, consideramos necesario crear
instrumentos enfocados a favorecer, entre otras medidas, la concesión de
créditos y fortalecer los programas de capacitación y asistencia técnica
que permitan a los más afectados formular estrategias integradas y
participativas de producción agrícola para su autoabastecimiento, a fin
de garantizar un desarrollo rural integral.
26.
Reiteramos que la agricultura y la relación armónica entre lo rural y lo
urbano son primordiales para el desarrollo integral de nuestros países.
Nos comprometemos a incrementar las oportunidades para mejorar las
condiciones y las capacidades humanas, sociales e institucionales de
vida en el medio rural, promoviendo las inversiones y creando una
institucionalidad favorable para el mejoramiento sostenible de la
agricultura, el fomento de la agroindustria y su contribución al
desarrollo social, la prosperidad rural y la seguridad alimentaria.
27.
Asimismo, nos proponemos seguir adoptando medidas de emergencia para
asistir a las familias e individuos cuyos ingresos per cápita sean
inferiores al de la línea de pobreza y garantizarles la seguridad
alimentaria. En ese sentido, registramos con interés la creación de un
Fondo Mundial Contra el Hambre. Este fondo que se inserta en el contexto
de la cooperación Sur - Sur, ya cuenta con donaciones de empresas
privadas y contribuciones de países patrocinadores y podría beneficiarse
de una dimensión Norte - Sur mediante el apoyo político y donaciones
financieras de los países desarrollados.
28.
Reconocemos el papel fundamental que la microempresa tiene para el
desarrollo de nuestros países, ya que genera riqueza y empleo, facilita
la descentralización económica y permite la incorporación de amplios
sectores de la población a las economías nacionales. Reconocemos también
el papel que las cooperativas y asociaciones comunitarias tienen para el
desarrollo de una economía solidaria con vocación social, porque
contribuyen a generar empleo productivo, promueven una mayor integración
social, así como la plena participación de todos los sectores de la
población en el proceso productivo nacional, en particular de las
mujeres, los jóvenes, y las personas adultas mayores y las personas con
discapacidad. Por ello, nos comprometemos a fomentar la concesión de
microcréditos que favorezcan su más amplio desarrollo, teniendo en
cuenta la equidad de géneros.
29.
Asumimos el compromiso de continuar avanzando en la formulación y
ejecución de políticas regionales para el desarrollo de una
infraestructura de integración física regional, por la importancia que
ésta tiene para disminuir los índices de pobreza y exclusión social y
para aumentar el grado de participación y de articulación de las
poblaciones originarias. Consideramos necesario asimismo que en esta
política regional se dé prioridad a las necesidades y problemas
específicos de los países en desarrollo sin litoral marítimo de la
región y a las zonas interiores de los países de tránsito. Valoramos la
importancia estratégica regional que representa para nuestros países el
transporte aéreo y tomamos nota de la puesta en marcha del Comité
Regional de Competitividad en el Transporte Aéreo.
30.
Reconocemos la necesidad de generar un programa regional de vivienda de
interés social y asentamientos humanos, orientado a los sectores
sociales más pobres, con el propósito de contribuir en forma sustantiva
a los esfuerzos que los gobiernos vienen desarrollando por medio de los
programas nacionales de combate a la pobreza, contribuir al crecimiento
económico de los países a través de las relaciones intersectoriales de
la actividad de la construcción, generar fuentes de ingreso y empleo
para las familias pobres, propiciar una mayor gobernabilidad en los
países y, contribuir a la superación de las condiciones críticas
medioambientales presentes en los asentamientos humanos y con ello
promover el desarrollo sostenible del hábitat regional.
31.
Somos conscientes de la importancia de la educación como factor de
inclusión social para la erradicación de la pobreza, el logro del
desarrollo sostenible y la construcción de sociedades prosperas y
democráticas. Reiteramos nuestro compromiso para alcanzar las metas
educativas establecidas en la Declaración de Bariloche en 1995, y para
impulsar un Movimiento en favor de la Educación. Asimismo, acordamos que
el día 2 de octubre sea adoptado en nuestros países como el día
iberoamericano de la Educación.
32.
Destacamos la posibilidad de llevar adelante estudios técnicos, diálogos
y negociaciones conjuntas ante organismos internacionales con el objeto
de explorar la viabilidad y puesta en marcha de estrategias, iniciativas
e instrumentos de conversión de la deuda externa por inversión en
educación, ciencia y tecnología, según sea del interés de los Estados,
con el doble objetivo de reducir y aliviar el nivel de endeudamiento de
nuestros países y a la vez aumentar la inversión genuina en dichos
sectores críticos para el desarrollo.
33.
Afirmamos que la cultura contribuye al desarrollo humano sostenible como
elemento de cohesión social, basado en una perspectiva integral de la
persona, que toma en cuenta la pluralidad de sus necesidades y
aspiraciones. Reconocemos la riqueza de nuestra diversidad cultural como
un valor fundamental de la Comunidad Iberoamericana y destacamos la
conveniencia de fomentar, plena y libremente, políticas públicas
integrales y transversales que fomenten la producción de bienes y
servicios culturales como fuentes de valor agregado. Este último
aspecto, también deberá considerarse en las negociaciones comerciales
internacionales actuales y futuras.
34. La
defensa de los derechos y de la identidad propia de las culturas
originarias de América, afro descendientes y de otras procedencias, como
parte fundamental de nuestras sociedades, debe ser una prioridad
permanente para nuestros gobiernos, porque contribuyen de forma
determinante al desarrollo e identidad de toda la comunidad
iberoamericana. Su plena integración en la vida nacional, basada en el
ejercicio de sus culturas y sus derechos ciudadanos, es un objetivo
común que sólo podrá ser alcanzado a partir del desarrollo de la
interculturalidad.
35. En
el convencimiento del valor de la cultura para contribuir en la búsqueda
de la equidad social, proclamamos el año 2005 como el año Iberoamericano
de la Lectura, y proponemos aunar esfuerzos del sector público y del
privado para llevar a buen término el Plan Iberoamericano de Lectura
aprobado por la VII Conferencia Iberoamericana de Cultura.
36. La
salud constituye un derecho humano fundamental para el desarrollo
sostenible. El rescate de la atención primaria de salud, el objetivo de
salud para todos y con todos, el cumplimiento de los objetivos y metas
de desarrollo del Milenio y el fortalecimiento de las capacidades de
gestión local en salud deben convertirse en ejes estratégicos
fundamentales para incrementar la protección social y lograr el acceso
universal a la salud. En este sentido, es importante incrementar la
inversión pública en salud y aprovechar los esfuerzos cooperativos entre
países en el marco de las iniciativas regionales y subregionales de
integración, así como, movilizar el apoyo de la comunidad y la
cooperación internacionales
37.
Declaramos que es necesario que todos nuestros países amplíen el acceso
equitativo, universal y permanente a los sistemas de salud y de
seguridad social y de dirigir nuestra acción hacia los sectores
excluidos, con el propósito de disminuir los índices de mortalidad
infantil y materna, prevenir la difusión de enfermedades
infecto-contagiosas como el SIDA y a asegurar la atención primaria
integral de salud de toda la población y el acceso a los medicamentos
esenciales, respetando y promoviendo las costumbres y valores propios
inherentes a cada cultura.
38. Por
otra parte, ratificamos nuestro rechazo a todas las formas de
discriminación racial, social, religiosa, de género o de orientación
sexual, de discapacidad, u otras formas de discriminación. Consideramos
relevante promover el papel fundamental de los instrumentos
internacionales y regionales de promoción y protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de la persona, así como la
cooperación de todos los países en este ámbito.
39. Con
la finalidad de promover un mayor entendimiento y concientización
respecto de los temas relativos a las personas con discapacidad y
movilizar apoyo a favor de su dignidad, derechos, bienestar y de su
participación plena e igualdad de oportunidades, así como fortalecer las
instituciones y políticas que los beneficien, proclamamos el año 2004
como Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad.
40.
Reconocemos las contribuciones económicas y culturales de los migrantes
a las sociedades de destino y a sus comunidades de origen. Ratificamos
el compromiso de establecer una mayor coordinación y cooperación en
torno al tema de las migraciones y destacamos la importancia de la
cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para asegurar
la plena protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes
y sus familias, así como para combatir el tráfico ilícito y la trata de
personas que afecta particularmente a niños, niñas y mujeres.
Impulsaremos para ello un diálogo integral entre los países de origen,
tránsito y destino de los migrantes, que permita la gestión adecuada de
los flujos migratorios y la integración social de los migrantes.
Reconocemos también la necesidad de fomentar las inversiones productivas
que generen fuentes de empleo dignamente remunerado, para crear
alternativas a los actuales flujos migratorios y para eliminar el
tráfico ilegal de personas. Asimismo impulsaremos mecanismos de
cooperación que simplifiquen, reduzcan el costo y aceleren las remesas
que envían los migrantes a sus países de origen.
41.
Asimismo reiteramos el compromiso para combatir la trata de personas que
afecta particularmente a mujeres, niños y niñas, adoptando medidas de
prevención y protección de las víctimas, ajustadas a los principios
reconocidos internacionalmente de no discriminación y de respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales, garantizando además que
el retorno sea en la medida de lo posible voluntario y tenga debidamente
en cuenta la seguridad y dignidad de la persona, de conformidad con el
derecho internacional, en particular la Convención sobre el estatuto de
los refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de
no devolución consagrado en ellos.
42.
Reconocemos que la mujer desempeña un papel fundamental en los procesos
de transformación social y es factor determinante para el desarrollo
económico de nuestros pueblos; y constatamos que aún persisten en
nuestras sociedades diversas formas de discriminación, de exclusión y de
violencia contra ella. Nos comprometemos a emprender, apoyar e impulsar
en las políticas nacionales los planes de equidad de género e igualdad
de oportunidades y los de prevención de violencia contra la mujer, que
garanticen el desarrollo de sus potencialidades y su participación
igualitaria en todas las actividades de la vida pública y privada y en
la toma de decisiones en todos los ámbitos y niveles.
43. En
Iberoamérica, los niños, niñas y adolescentes conforman la mayor parte
de la población. Muchos de ellos nacen en condiciones de pobreza y de
exclusión, lo que disminuye sus capacidades personales y compromete el
futuro de nuestras sociedades. Reconocemos la deuda que nuestros Estados
tienen con los jóvenes y nos comprometemos a seguir buscando soluciones
que aseguren su plena inserción social y laboral y su participación en
la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les conciernan.
Ratificamos por ello nuestro decidido apoyo a las actividades
desarrolladas en la búsqueda de estos objetivos por la Organización
Iberoamericana de Juventud. Nos comprometemos a seguir desarrollando
políticas públicas sostenibles que permitan cumplir los objetivos y
metas acordadas por los países iberoamericanos, especialmente a favor de
la niñez indígena y afro descendiente, con criterios de equidad e
inclusión social, implementando un sistema de asistencia técnica
horizontal para la región y procurando que la cooperación internacional
incremente su apoyo, en cumplimiento del compromiso internacional de
destinar el 0.7% del PIB de los países desarrollados como ayuda oficial
al desarrollo.
44.
Concordamos en que la revolución informática y tecnológica abre mayores
posibilidades de participación social, económica y política. Las
tecnologías de la información son herramientas indispensables para la
promoción del desarrollo económico y social de nuestros países Es
importante evitar que la sociedad de la información genere nuevas formas
de exclusión. La reducción de la brecha digital, el desarrollo de la
infraestructura para la conectividad y el acceso universal deben ser
objetivos fundamentales de las políticas de construcción de la sociedad
de la información. Consideramos que la administración de Internet debe
realizarse a través de una gestión amplia, transparente, participativa y
democrática en la que intervengan los gobiernos los organismos
internacionales, la empresa privada y la sociedad civil. Consideramos
que junto con maximizar las ventajas que se derivan de estas
innovaciones tecnológicas es necesario también evitar nuevas formas de
exclusión y discriminación tecnológicas, desarrollando proyectos de
cooperación en materia de tecnologías de información. Nos proponemos
trabajar por estos objetivos y por la promoción de la diversidad
cultural y lingüística en la próxima Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información.
45.
Asimismo somos conscientes de que la protección de datos personales es
un derecho fundamental de las personas y destacamos la importancia de
las iniciativas regulatorias iberoamericanas para proteger la privacidad
de los ciudadanos contenidas en la Declaración de La Antigua por la que
se crea la Red Iberoamericana de Protección de Datos, abierta a todos
los países de nuestra Comunidad.
Cooperación Iberoamericana
1.
Reafirmamos que la cooperación, tal como lo estipula el Convenio de
Bariloche, debe ser uno de los ejes centrales sobre los que se sustenta
el proceso permanente de construcción de la Comunidad Iberoamericana
como espacio de convergencia y de inclusión política, económica, social
y cultural de todos los sectores de nuestras sociedades.
2.
Destacamos los progresos en la ratificación del Protocolo de La Habana,
por el cual se crea la Secretaría de Cooperación Iberoamericana.
3.
Valoramos la importante contribución de los distintos programas de
cooperación iberoamericana, que figuran en Anexo, al desarrollo de los
países y a la consolidación de la Comunidad Iberoamericana y nos
comprometemos a difundir sus alcances y resultados.
4.
Ratificamos el mandato encomendado a la SECIB para la búsqueda de
fuentes adicionales de financiamiento para los programas y proyectos de
cooperación iberoamericana, tanto en el sector privado como en los
organismos internacionales.
5.
Manifestamos nuestra satisfacción ante el avance alcanzado por la
iniciativa
CIBERAMERICA para la conformación de una comunidad virtual
iberoamericana, por lo que aprobamos su conversión en Programa Cumbre,
encomendando a la SECIB el seguimiento y desarrollo de sus aspectos
jurídicos y técnicos, así como la inclusión en este portal, entre otros
contenidos, de una base de datos de mejores prácticas de cooperación
técnica, identificadas de común acuerdo.
6.
Reconociendo que la lectura es un instrumento real para la inclusión
social y un factor básico para el desarrollo social, cultural y
económico de nuestros países, aprobamos con beneplácito que el Plan
Iberoamericano de Lectura - ILIMITA sea Programa Cumbre.
7.
Destacamos, especialmente, los logros alcanzados por el programa
IBERMEDIA durante el presente año y reiteramos nuestro compromiso con la
continuidad del mismo, particularmente, con la generación de un marco
jurídico adecuado que permita el desarrollo de todas las potencialidades
de crecimiento de dicho programa.
8.
Considerando lo señalado en la Declaración de Lima, saludamos con
beneplácito la incorporación como Proyectos adscritos a la Cumbre
Iberoamericana, del Programa de Formación de Altos Dirigentes y
Funcionarios Iberoamericanos en Gobierno y Gestión Local de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas y del Programa Iberoamérica Emprende,
destacando la puesta en marcha de esta nueva modalidad de cooperación
iberoamericana.
9.
Reconocemos el trabajo realizado por el Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena)
conforme a los mandatos de Lima y Bávaro y saludamos la presentación del
Informe Ejecutivo sobre los avances de su Plan de Reestructuración.
Reafirmamos nuestra voluntad de seguir apoyando al Fondo Indígena a
través de las distintas modalidades de contribución e invitamos a la
Cooperación Internacional a continuar respaldándolo.
Acogemos
con beneplácito la invitación hecha por el gobierno de Costa Rica y
acordamos realizar la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno en la República de Costa Rica en el año 2004.
Aceptamos complacidos la invitación del Presidente del Gobierno español
D. José María Aznar López, para realizar en ese país, en el año 2005, la
XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
Expresamos nuestra gratitud al Presidente Carlos D. Mesa y al pueblo de
Bolivia por la hospitalidad y atenciones recibidas durante la XIII
Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra.
Los
Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos suscriben la
presente Declaración, en dos textos originales en idiomas español y
portugués, ambos igualmente válidos en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra a los quince días del mes de noviembre de 2003.
Fuente:
http://www.cumbresiberoamericanas.com/principal.php?p=75
Nota: El nombre de nuestro país Cuba
se menciona cero vez en este documento.
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