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Documentos
Declaración de Margarita
Isla de Margarita, Venezuela, 8 y 9 de noviembre de 1997
Primera parte
Los valores éticos
de la Democracia
Introducción
1. Los
Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos reunidos en
la isla de Margarita, República de Venezuela, los días 8 y 9 de
noviembre de 1997, hemos centrado la reflexión de la VII Cumbre
Iberoamericana en el tema de Los Valores Éticos de la Democracia. Las
seis Cumbres anteriores nos han conducido, desde 1991, a fortalecer cada
vez más los lazos de unión de nuestra Comunidad que se ha consolidado
como espacio de concertación y cooperación de características propias.
2. El
asunto central de esta Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno tiene
estrecha relación con las reflexiones sobre gobernabilidad de la VI
Cumbre Iberoamericana y con el compromiso de nuestros países con la
defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo político,
las libertades fundamentales y los derechos humanos, los principios de
soberanía y de no intervención, el derecho de cada pueblo de construir
libremente, en paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus
instituciones, y la existencia de un sistema justo de relaciones
internacionales éticas, democráticas, y en condiciones de paz y
seguridad, en un marco de respeto a los principios de convivencia
Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
En la
Declaración de Viña del Mar afirmamos que la raíz ética de la actividad
política constituye el fundamento más importante del respeto hacia esta
actividad y que elevar su calidad, la de su dirigencia y el debate
público debe ser una tarea compartida por todos.
Ratificamos, por consiguiente, el compromiso allí asumido para promover
la revalorización de la política en la vida diaria de nuestros pueblos,
estimulando su participación política y social, fortaleciendo, desde la
mas temprana edad escolar los programas de formación ciudadana y de
educación para la democracia y la participación, propiciando la
capacitación de dirigentes políticos, a fin de que se mantenga y crezca
un interés generalizado por el perfeccionamiento del régimen
democrático, y de los órganos y estructuras que lo conforman.
3.
Declaramos estar convencidos que la democracia es no sólo un sistema de
gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan
consistencia y perdurabilidad. La tolerancia, la capacidad de valorar y
aceptar el pluralismo; el derecho a la libre expresión y al debate
público; el respeto, la promoción y la protección de los derechos
humanos, la aplicación de las reglas de la convivencia civilizada
establecidas por la ley; la validez del diálogo en la solución de los
conflictos; la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública
son principios jurídicos y valores éticos de la práctica democrática,
que debemos fortalecer y promover dentro de efectivos programas y
estrategias nacionales de formación ciudadana.
4. En
esta VII Cumbre ratificamos nuestra voluntad de continuar en el camino
de fortalecer y perfeccionar nuestros sistemas democráticos, de
progresar cada vez más en el respeto y protección a los derechos
humanos, de garantizar el respeto del estado de derecho, de lograr un
óptimo equilibrio entre equidad y eficiencia en nuestros sistemas
económicos, con el objeto de la búsqueda de la justicia social, de
mejorar nuestros sistemas de administración de justicia, de elevar el
nivel de la ética pública, de contribuir, conforme con la legislación
vigente en cada país, a un eficiente funcionamiento de los partidos
políticos y de los procesos electorales, de velar por la libertad de
expresión como elementos fundamentales de nuestros sistemas
democráticos, y de incentivar a nuestros pueblos para su participación
activa en la consecución de tales propósitos.
I. La
promoción, respeto y garatia de los Derechos Humanos
5. Los
Jefes de Estado y de Gobierno reiteramos el compromiso de nuestra
Comunidad con la ética y los valores que orientan la democracia y que
hacen posible la promoción, el respeto y la garantía de los derechos
humanos, razón de ser y contenido de dicha forma de gobierno.
Reafirmamos que la democracia, el desarrollo sostenible, el respeto de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el
derecho al desarrollo, son interdependientes y se refuerzan mutuamente,
y basándose por igual en los principios de objetividad, imparcialidad y
universalidad. Enfatizamos igualmente la obligación del Estado de
promover y garantizar la plena vigencia de todos los derechos humanos,
sobre la base de una cooperación internacional dentro de un clima que
excluya la confrontación, que apunte al fortalecimiento y actualización
de acciones comunes dirigidas a la promoción, protección y defensa de
estos derechos.
6. El
objetivo de alcanzar la gobernabilidad en una democracia eficiente y
participativa, según los términos señalados por la VI Cumbre
Iberoamericana, reclama, en consecuencia, de un esfuerzo individual y
colectivo por parte de nuestros Estados, y de nuestras sociedades para
profundizar y arraigar en las instituciones una cultura de los derechos
humanos basada en la dignidad, la libertad, la igualdad, la no
discriminación y la solidaridad.
Reconocemos que estos derechos son universales, indivisibles e
interdependientes.
7. Los
valores que dan soporte a la democracia dentro de nuestra Comunidad y
que se traducen en derechos, deberes y garantías han adquirido expresión
y vigencia dentro de nuestros ordenamientos constitucionales y en los
tratados internacionales ya incorporados a nuestro derecho interno.
Reconocemos, sin embargo, la necesidad de realizar un esfuerzo mayor
para eliminar los obstáculos que todavía impiden o limitan el pleno
respeto y la garantía de todos los derechos humanos.
8.
Apoyamos la iniciativa, según la legislación interna de cada país, para
impulsar la suscripción o adhesión de nuestros países a los tratados
internacionales sobre derechos humanos de alcance universal, regional,
generales o particulares, de los cuales todavía no seamos parte.
Reconocemos la importancia del desarrollo progresivo en la aplicación de
las normas internacionales y nacionales que garanticen tales derechos, y
de lo cual son ejemplo las recientes reformas constitucionales adoptadas
por algunos países iberoamericanos. En ese marco, destacamos la
importancia de promover el respeto al derecho internacional humanitario
y a los principios humanitarios reconocidos universalmente.
9.
Reiteramos la obligación de los Estados de promover y proteger todos los
derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales,
incluyendo el derecho al desarrollo, que son interdependientes e
interrelacionados y cuya universalidad es incuestionable. Enfatizamos
que la realización progresiva de políticas nacionales e internacionales
para asegurar su pleno reconocimiento y ejercicio requieren de la acción
conjunta de la sociedad y del Estado. Ello en el contexto de la
solidaridad y la justicia social en el ámbito internacional y al papel
que le corresponde a los organismos e instituciones internacionales.
Asimismo
expresamos el interés en que se continúe profundizando, en los ámbitos
pertinentes, la reflexión sobre el concepto del derecho a la paz.
10.
Manifestamos que corresponde primordialmente al Estado atender a los
sectores más vulnerables de nuestras poblaciones, a fin de combatir la
exclusión social, superar la pobreza, la desnutrición, la marginalidad y
el analfabetismo, lograr un mayor acceso a los servicios de salud a fin
de acordar mecanismos de inserción de estos sectores en nuestras
sociedades.
Reafirmamos el reconocimiento de la diversidad de nuestras culturas y el
legítimo derecho de las poblaciones indígenas al desarrollo político,
económico, social y cultural.
Apoyamos
la tarea de la Organización de las Naciones Unidas para aliviar los
problemas de los refugiados y de los desplazados internos y nos
comprometemos a aunar esfuerzos y orientar la cooperación internacional
para la protección y ayuda de las víctimas de esta situación,
especialmente personas de la tercera edad, mujeres y niños.
11.
Destacamos la importante labor que realizan los organismos
internacionales y las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos en la búsqueda de su respeto, promoción y protección.
II.
La justicia social
12.
Concebimos la justicia social como la realización material de la
justicia en el conjunto de las relaciones sociales, la cual exige
medidas de compensación a favor de aquellos que requieran un tratamiento
especial y diferenciado y que no pueden representar o hacer valer de
forma efectiva y pública sus intereses, necesidades o aspiraciones.
Este
mismo principio tiene validez en las relaciones entre los pueblos. La
justicia social internacional obliga a cada país, de acuerdo con sus
capacidades, a hacer todo lo necesario frente a otros pueblos para
lograr el bien común universal. La solidaridad humana no se agota en los
términos de un solo Estado soberano, abraza a todos los pueblos de la
humanidad. En consecuencia, los países más desarrollados económica y
tecnológicamente, prestarán su colaboración a los países menos
desarrollados.
13. La
aplicación de la justicia social internacional conduce al bien común
universal. Es por su naturaleza indivisible y se refiere a las
relaciones y conductas recíprocas entre individuos y entre grupos y
naciones, con lo cual se reclama establecer condiciones que permitan y
aseguren a todos la capacidad de realizar sus programas de desarrollo
con la finalidad de asegurar una vida realmente digna.
14.
Reconocemos que los conceptos de estabilidad democrática y desarrollo
económico y social tienden a reforzarse mutuamente, pues las democracias
requieren políticas sólidas que aseguren un desarrollo económico
integral de la sociedad. Reconocemos que la vigencia de la justicia
social comporta que aquellos con mayor disponibilidad de bienes y
servicios, asuman una mayor contribución en la responsabilidad del
Estado de lograr una distribución de la riqueza más equitativa, con base
sólida y estable. De allí que la lucha por la justicia social sea un
compromiso ineludible para nuestras naciones.
15. La
Comunidad Iberoamericana reafirma su compromiso con la búsqueda de un
desarrollo sostenible para nuestros países. Por medio de la adopción de
este compromiso podremos enfrentar de manera eficaz la superación de la
pobreza y la extrema pobreza, el desafío de alcanzar la plena armonía
entre la democracia, y la búsqueda común de una calidad de vida más
elevada para sus pueblos, fundada en objetivos integrados y
complementarios de carácter económico, social y ambiental. La
consolidación de la democracia tendrá plena validez en el marco de
economías que se sustentan en los principios de solidaridad, justicia
social y equidad.
16.
Reiteramos el compromiso de nuestros gobiernos de continuar avanzando en
el logro de los objetivos contenidos en la Declaración de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de marzo de 1995:
erradicar la pobreza, fomentar el empleo productivo y restablecer la
integración social; estimular, con la más amplia participación de todos
los sectores sociales, el diseño y la puesta en marcha de políticas
económicas destinadas a incrementar el bienestar de nuestras sociedades
y vinculadas con políticas sociales eficientes, eficaces, participativas
y aptas para combatir la desigualdad social. Igualmente, nos
mantendremos atentos ante los desafíos que las situaciones de injusticia
social en nuestros países puedan implicar para nuestras democracias.
17.
Coincidimos en que el ámbito de aplicación de la justicia social no debe
reducirse a los aspectos materiales, también exige proporcionar acceso a
la educación en condiciones de igualdad, a los bienes culturales, de las
ciencias, de las técnicas y las artes, así como preservar la pluralidad
de las culturas que constituye una de nuestras principales riquezas,
promover su desarrollo y aportar a otros pueblos los valores humanistas
que ellas expresan.
III .
La administración de justicia
18. La
justicia consiste principalmente en la aplicación de un orden jurídico
que preserve la dignidad, la libertad, el respeto a los derechos
humanos, la igualdad de acceso y oportunidades, la iniciativa de las
personas y de las comunidades, el combate a la impunidad y garantice el
cumplimiento de sus obligaciones por parte de los Estados y las
personas.
19. La
administración de justicia debe inspirarse en valores éticos.
Corresponde al Estado asegurar su imparcialidad y objetividad, así como
la igualdad y respeto de la dignidad de las personas, ajenos a las
conveniencias del poder ya sean económicas, sociales, o políticas, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de cada país sobre
derechos y deberes. La administración de justicia con su contenido ético
debe ser simple, accesible, pronta, ágil, próxima al ciudadano y
equitativa en sus decisiones. Ha de ser independiente en cuanto a su
actuación y a los criterios aplicados por los funcionarios judiciales;
efectiva y flexible, en lo que atañe a sus mecanismos de solución de
controversias; e idónea, en lo referente a la conducta profesional y
ética de dichos funcionarios.
20.
Reconocemos que la actuación de los órganos judiciales incide en gran
medida en la concreción y efectividad de la seguridad jurídica, y en la
lucha contra la impunidad, por ello propiciamos la promulgación de
normas claras cuya publicidad aplicación y cumplimiento, aseguren la
existencia del pleno estado de derecho y la convivencia democrática. La
seguridad jurídica implica el establecimiento de normas cuya aplicación
eficaz logra el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones
de las personas naturales y jurídicas.
21.
Ratificamos que en un sistema democrático corresponde principalmente al
Poder, órgano o rama judicial, la función de dirimir controversias y
litigios mediante la interpretación y la aplicación de las normas que
integran el orden jurídico del Estado. Saludamos asimismo la
actualización y renovación que se viene implementando en las
legislaciones de algunos de nuestros países, a fin de adaptarlas a las
aspiraciones legítimas de nuestros pueblos.
22. La
reforma de la administración de justicia que estamos apoyando incluye,
entre otros objetivos, el de asegurar su mayor eficiencia, de garantizar
la tutela de los derechos humanos y de facilitar el acceso expedito de
los ciudadanos a las decisiones judiciales, de conformidad con las
circunstancias y la legislación de cada país.
23. Para
apoyar las acciones destinadas al mejoramiento de la administración de
justicia según las circunstancias y características de cada país,
impulsaremos un intercambio de experiencias entre nuestros Estados en
materia de reforma judicial y políticas judiciales.
Nos
comprometemos a promover una mayor cooperación y asistencia
internacional en la lucha contra todas las formas de delincuencia
organizada internacional.
IV.
Ética y administración pública
24.
Estamos convencidos de que la Administración Pública debe estar regida
por estrictas normas que provengan no sólo del derecho sino también de
una ética que lo fundamenta. El Estado de Derecho para alcanzar su
plenitud y efectiva vigencia ha de estar basado en valores y principios
éticos.
25.
Saludamos los esfuerzos que se realizan en varios de nuestros países por
definir y establecer códigos de conducta ética de los funcionarios y
empleados públicos. Estos instrumentos normativos, deberán contener
principios reguladores susceptibles de ser concretados y aplicados a los
diferentes tipos de comportamientos administrativos y a los problemas
éticos que afrontan los diversos organismos administrativos. Es
necesario establecer igualmente los medios adecuados, según el orden
jurídico de cada país, a fin de vigilar, preservar y fomentar la ética
pública. Estos mecanismos deben orientar sus actividades dentro de los
criterios de la defensa del estado de derecho, de los derechos humanos y
de los intereses de la sociedad.
26. El
reto de la democracia en los albores del siglo XXI, será responder cada
vez más al compromiso de la eficiencia basándonos en los postulados de
libertad, igualdad y justicia que inspiran a los sistemas democráticos.
Una empresa de tanta trascendencia no debe limitarse, sin embargo, a
organismos oficiales sino que debe convocar a la sociedad civil.
27.
Reconocemos que la corrupción, en sus diferentes formas y variantes, es
un flagelo universal que también afecta a nuestros países y puede llegar
a generar desestabilización institucional, alteración en las reglas de
competencia y desconfianza en las instituciones democráticas. Por ello,
en esta VII Cumbre nos comprometemos a seguir trabajando a nivel
nacional y regional para prevenir, detectar, combatir y sancionar las
conductas delictivas que conforman la corrupción, fortaleciendo los
mecanismos que estimulen la participación ciudadana en la prevención y
lucha contra estos delitos.
Con ese
objetivo destacamos la necesidad de impulsar la cooperación judicial
internacional en el marco del respeto a la soberanía de los Estados.
Este compromiso debe ser concebido como una labor continua y permanente.
28.
Estimamos también necesaria la cooperación, de conformidad con el
derecho interno de cada país, de sus disposiciones de procedimiento y
con los acuerdos bilaterales o multilaterales, como la Convención
Interamericana contra la Corrupción, para la revisión de las
legislaciones bancarias y controlar el establecimiento de "paraísos
fiscales" y otras semejantes, causantes no sólo del fomento a la
corrupción sino también de legitimación de capitales provenientes del
tráfico de drogas.
Al
seguir con atención el rechazo de la opinión pública a las prácticas del
soborno, destacamos los esfuerzos de la Organización Mundial de Comercio
para lograr un acuerdo sobre la transparencia de la contratación pública
29. Con
base en los lineamientos anteriores fomentaremos la información, la
difusión y el estudio de mecanismos dirigidos al combate contra la
corrupción así como la cooperación internacional en esta materia.
V.-
Partidos políticos y transparencia en los procesos electorales
30.
Coincidimos en que la consolidación del sistema democrático en
Iberoamérica debe propugnar la mayor credibilidad en su funcionamiento,
resaltando el papel esencial que las agrupaciones y partidos políticos
así como los gobiernos cumplen en el desarrollo de la vida democrática.
31.
Reafirmamos que el desarrollo del sistema político democrático, a través
de las figuras de la representación y la participación, implica
necesariamente el aporte de las agrupaciones y partidos políticos, en
concordancia con la vigencia de los valores de libertad, igualdad,
bienestar, orden y justicia. Una de las cualidades más sobresalientes de
la democracia es la participación popular en todos los ámbitos de la
vida social, por lo que urge que los Estados concreten esfuerzos y
promuevan acciones que involucren a los diversos sectores sociales y que
garanticen la adecuada combinación de los mecanismos de participación
con los de representación.
32. La
tarea de los partidos no se agota en el acto comicial. Su función
también debe servir como canal de comunicación recíproca entre los
órganos del Estado y la sociedad y promover la participación ciudadana.
Para ello es necesario potenciar la capacidad política de las
agrupaciones y de los partidos como articuladores y agregadores de
demandas sociales, así como de formuladores de propuestas programáticas
que los configuren como centros de discusión para los problemas de
nuestros pueblos y de conformación de opciones que orienten el debate y
la vida pública.
33. La
creciente exigencia de nuestros pueblos de fortalecer más la
participación en las decisiones que afectan a la sociedad, demanda que
las políticas públicas sean amplias y participativas. Ello nos
compromete al diseño de nuevas formas de participación de los ciudadanos
donde las opiniones sociales puedan manifestarse más espontáneamente, y
servir de punto de referencia a la actuación de los gobernantes. De
conformidad con la legislación de cada país, consideramos necesario
estimular los mecanismos de participación ciudadana con el concurso y el
compromiso de los partidos políticos y de los gobernantes.
34.
Reiteramos que es necesario que las agrupaciones y los partidos
refuercen la definición de sus programas, modernicen sus organizaciones,
establezcan modalidades transparentes de financiamiento y refuercen su
capacidad de adaptación a las nuevas exigencias de la realidad y a las
reformas institucionales de cada país.
35. La
transparencia de los modelos organizativos y de las actuaciones en el
sistema político exigen igualmente someter a la inspección pública, no
sólo las conductas de dirigentes y militantes sino también los medios de
financiamiento que tradicionalmente reciben los partidos políticos. La
cuestión del financiamiento de la política tiene una importancia ética
fundamental para la democracia pues de su adecuada solución depende en
gran medida la igualdad de acceso a las posiciones políticas y la toma
de decisiones públicas orientadas al bien colectivo y no a intereses
particulares.
36. Es
necesario que los procesos electorales no sean exclusivamente tutelados
y controlados por los intereses de los partidos y gobiernos, lo cual
involucra la necesaria participación de la sociedad civil para legitimar
la fuente de origen de los organismos electorales y la transparencia de
los procesos. Es necesario también, de acuerdo con al ordenamiento
interno de cada país, estimular la autonomía de los organismos
electorales frente al Poder Ejecutivo.
37. Todo
régimen democrático se encuentra vinculado a transformaciones
permanentes para corregir las imperfecciones y defectos que se presentan
en su ejercicio. Sólo el sistema democrático permite un proceso
constante de atención a la marcha de su desarrollo y de denuncia ante
sus retrocesos. Nuestro compromiso es no cejar en el perfeccionamiento
de la democracia y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana
a través de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad
civil, garantizando el acceso, la transparencia y credibilidad de dichos
mecanismos, mediante elecciones libres y periódicas.
VI.-
Derecho a la información
38. Por
constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los
derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión,
fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información
libre y veraz, sin censura ni restricciones.
39.
Sostenemos que esas libertades requieren de la presencia y
funcionamiento de una pluralidad de medios de comunicación libres. Por
otra parte el fomento a la educación y la cultura contribuye al pleno
ejercicio del derecho a la información.
40.
Convencidos de la importancia de los medios de comunicación en la
consolidación y fortalecimiento de la democracia, expresamos nuestro
reconocimiento al papel que estos han desempeñado en la formación de la
sociedad democrática iberoamericana el cual debe fortalecerse
permanentemente a través del ejercicio creciente de un periodismo ético
y de responsabilidad social.
41.
Particular interés y atención nos merece el crecimiento y expansión de
las innovaciones tecnológicas de la comunicación. Este proceso, que
marca profundamente el fin de siglo, crea en nuestras sociedades
oportunidades y esperanzas para el mejoramiento de la calidad de vida,
también entraña desafíos por sus implicaciones para la preservación de
la identidad cultural de nuestros pueblos. Resultará oportuno asumir la
responsabilidad compartida que representa para los Estados, las
instituciones sociales, educativas y culturales, y los sectores
empresariales de Iberoamérica, el posibilitar y facilitar el más amplio
acceso y uso por parte de la población de estas innovaciones
tecnológicas de la comunicación y de la información, fortaleciendo al
mismo tiempo nuestro acervo cultural e identidad nacional. Asimismo,
expresamos nuestra confianza en que los medios de comunicación
iberoamericanos difundan la realidad y los valores compartidos de
nuestra comunidad.
42. Al
reiterar el derecho a las libertades de expresión, de información, de
opinión, lo hacemos de conformidad con nuestras respectivas
legislaciones nacionales y con los principios y normas consagrados en
diversos instrumentos internacionales sobre la materia.
43. Los
Jefes de Estado y de Gobierno condenamos enérgicamente los ataques y
cualquier otra forma de violencia o coacción contra los medios de
comunicación, los periodistas y comunicadores. Estos actos constituyen
atentados a la actividad de los medios de comunicación y a la libertad
de expresión.
Reuniones sectoriales, agradecimientos, convocatorias
44.
Tomamos nota de las siguientes Declaraciones:
-
Declaración de Maturin "La agricultura como soporte de
la democracia", adoptada durante el II Foro Ministerial Iberoamericano
de Agricultura, celebrado en Maturín, Estado Monagas los días 11,12
y13 de agosto de 1997.
-
Declaración de Margarita "La vivienda, elemento estabilizador de la
democracia", adoptada durante el II Foro Iberoamericano de Ministros y
Autoridades Máximas del Sector de Desarrollo Urbano y de Vivienda,
efectuado en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta entre el 9 y
el 12 de septiembre de 1997.
-
Declaración de Asunción, adoptada durante el III Encuentro
Iberoamericano de Ministras y Responsables de Políticas de la Mujer,
celebrada en Asunción, Paraguay, los días 11 y 12 de septiembre de
1997.
-
Declaración de Mérida: “La Educación y los valores éticos de la
democracia”, aprobada durante la VII Conferencia Ministerial
Iberoamericana de Educación, realizada en Mérida, Estado Mérida los
días 25 y 26 de septiembre de 1997.
-
Declaración de Caraballeda "Los desafíos éticos de la investigación
científica y tecnológica", emanada de la V Conferencia Ministerial
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, efectuada en Caraballeda,
Departamento Vargas del 8 al 10 de octubre de 1997.
-
Declaración de Margarita "Para una ética de la integración cultural
iberoamericana", aprobada durante el Encuentro de Ministros
Iberoamericanos de Cultura, realizada en la Isla de Margarita, Estado
Nueva Esparta los días 20 y 21 de octubre de 1997.
Asimismo tomamos nota con interés de la
celebración del Encuentro Iberoamericano: "La juventud y los valores
éticos de la democracia: un debate necesario", realizado en la ciudad de
Caracas del 12 al 15 de octubre de 1997.
45.- Manifestamos
nuestra gratitud al Excelentísimo Señor Presidente Rafael Caldera y por
su intermedio al Gobierno y al pueblo de la República de Venezuela por
la calidez y gentileza con que hemos sido recibidos en la Isla de
Margarita. Asimismo deseamos expresar nuestro agradecimiento a la
Comisión Organizadora de la VII Cumbre Iberoamericana por la
organización de esta Cumbre y especialmente por el desempeño de la
Secretaría Pro-Témpore de la Conferencia Iberoamericana, durante 1997.
46.-
Convocamos a todos los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica a
la VIII Cumbre Iberoamericana, en Portugal, en 1998.
Segunda parte
La cooperación
derivada de las Cumbres de la Conferencia Iberoamericana
1.- Manifestamos
nuestra convicción de que la cooperación entre las naciones continuará
siendo, en el próximo siglo, un elemento fundamental de las relaciones
internacionales. La cooperación no sólo es una expresión política de las
relaciones entre gobiernos, sino también, un vínculo ético que
trasciende las estructuras gubernamentales y las fronteras geográficas
para influir de modo directo en las sociedades, en las que los
ciudadanos son cada vez más protagonistas y desempeñan un papel más
destacado en un nuevo contexto de interrelación e integración,
determinado por la participación social y la apertura económica, la
democratización y el desarrollo de los medios de comunicación.
2.-
Propiciamos una cooperación para el desarrollo que incorpore a las más
diversas instituciones de Iberoamérica y que con sus acciones fortalezca
el respeto a los derechos humanos y a la democracia como forma de vida.
La cooperación deberá orientar su quehacer de acuerdo con los principios
de participación, responsabilidades compartidas y eficacia, a fin de
lograr avances reales y resultados tangibles que apunten a una mayor
justicia social y al bienestar de nuestros pueblos.
3.- Nos
congratulamos por la evolución positiva en la estructura jurídica y
organizativa de las actividades de cooperación derivadas de las Cumbres
Iberoamericanas, materializada con la entrada en vigor del Convenio para
la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana.
4.-
Resaltamos la adaptabilidad y flexibilidad del sistema de cooperación
iberoamericano como una característica positiva que responde a las
necesidades y a la diversidad de países que conforman este foro,
permitiendo acoger iniciativas tanto de sectores públicos como privados
de nuestras sociedades, incluyendo instituciones de la sociedad civil.
5.-
Reconocemos con beneplácito los importantes esfuerzos que han venido
realizando algunos países iberoamericanos, al incrementar sus
contribuciones a los diferentes programas en ejecución, a la vez que
resaltamos la consolidación técnica y financiera de esas actividades,
que conducen a la reafirmación de la identidad y la solidaridad
iberoamericanas.
6.-
Celebramos la reciente creación del mecanismo de capitalización del
Fondo Indígena, con la valiosa contribución de algunos gobiernos, que
permitirá consolidar proyectos iberoamericanos en beneficio del
desarrollo de las poblaciones indígenas de nuestros países.
7.-
Destacamos el avance que se ha logrado en los programas en ejecución y
asimismo la importancia de la incorporación en esta Cumbre de nuevas
iniciativas de cooperación, tales como: el apoyo a la pequeña y mediana
empresa; la preservación y difusión de la memoria histórica común a
través de los archivos iberoamericanos; la investigación agrícola, las
acciones focalizadas para la disminución de la pobreza y las viviendas
alternativas de interés social. Esta variedad de iniciativas son el
reflejo de la diversidad de relaciones que existen entre nuestros países
y la vigencia de este espacio de cooperación, para buscar soluciones
compartidas a los desafíos comunes que se nos plantean.
8.- En
este contexto, consideramos la adopción de un logotipo como un símbolo
que facilitará la identificación de las acciones de cooperación
resultantes de los trabajos de las diferentes Cumbres, y dará testimonio
de nuestra decidida voluntad de trabajar juntos.
9.- En
este sentido, nos satisface la realización de Reuniones Sectoriales en
el marco de la Conferencia Iberoamericana, las que han permitido definir
estrategias comunes, evitar duplicidad de esfuerzos y asumir una
participación proactiva entre las instituciones de nuestros países.
10.-
Reconocemos que la cooperación entre nuestros países es el mecanismo que
debe concretar la voluntad que hemos expresado de buscar conjuntamente
las soluciones a problemas que nos son comunes, y de brindar a nuestros
pueblos la posibilidad de responder a sus aspiraciones con un espíritu
iberoamericano.
11.-
Hemos constatado con satisfacción que en el marco de las Cumbres
Iberoamericanas, el proceso de la cooperación ha adquirido un grado de
madurez que lo convierte en un instrumento eficaz para complementar
nuestros esfuerzos de desarrollo. Por ello, reiteramos nuestra voluntad
de apoyar y fortalecer la coordinación de las acciones de cooperación
iberoamericana para dar a los programas y proyectos acordados y
aprobados un seguimiento efectivo que garantice su máximo impacto en
beneficio de los pueblos de Iberoamérica.
Tercera parte
Asuntos de especial
interés
Superación de la
pobreza
1.-
Conscientes que en el contexto actual el superar la pobreza en la
región, demanda la ejecución de programas que garanticen a la población
el acceso a los servicios de educación, salud, justicia e
infraestructura, de modo que puedan tener una mejor calidad de vida,
acceder a mejores empleos y obtener mayores ingresos, reafirmamos que la
inversión social debe estar dirigida a la promoción de oportunidades
para que las personas más pobres puedan incorporarse de manera
productiva y sostenida a la economía.
Deuda
externa
2.-
Conscientes de que para algunos países de la comunidad iberoamericana,
la gravosa carga que representa la deuda externa afecta seriamente las
posibilidades del desarrollo social y humano de sus pueblos,
manifestamos nuestro decidido respaldo para que se considere la
posibilidad de otorgar un tratamiento más flexible, a fin de que se
pueda aliviar el servicio de esas deudas en beneficio de programas
sociales que aseguren, en nombre de la justicia social y de la
solidaridad, el mejoramiento del nivel de vida de los sectores más
necesitados.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
3.-
Destacamos, igualmente, la aprobación del Programa adoptado por la XIX
Asamblea Extraordinaria de la ONU para continuar instrumentando el
programa 21 de la Cumbre de la Tierra, así como su contribución para
evitar un retroceso en el compromiso de la comunidad internacional con
el desarrollo sostenible.
Terrorismo
4.-
Reafirmamos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y
reiteramos nuestro compromiso de combatirlo, conjunta y firmemente y a
través de todos los medios legales, porque erosiona la convivencia
pacifica y civilizada y afecta al estado de derecho y al ejercicio
democrático.
5.-
Reconocemos los decididos esfuerzos y avances de algunos países de
nuestra Comunidad en su lucha contra el terrorismo, y reafirmamos la
vigencia de los diversos compromisos asumidos por nuestros Estados para
reforzar la cooperación internacional contra este flagelo.
Acuerdo de paz
6.-
Recordando la trascendental importancia de la firma del Acuerdo de Paz
firme y duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el 29 de diciembre del año
pasado, que significó un sólido aporte al fortalecimiento de la
democracia, la paz y la reconciliación en nuestros pueblos, asumimos el
compromiso de apoyar y cooperar con el Gobierno de Guatemala en sus
esfuerzos para la Implementación de los Acuerdos suscritos, convencidos
que solo de esa manera se logrará la estabilidad social y económica de
sus habitantes
Institucionalidad centroamericana
7.-
Respaldamos la decisión de los Presidentes Centroamericanos de iniciar
el proceso hacia la Unión Centroamericana de manera gradual y
progresiva, contenida en la Declaración de Nicaragua, del 2 de
septiembre de 1997. Esta iniciativa, afirma que Centroamérica es una
Comunidad política, económica, social, ambiental y cultural, que vive un
momento histórico excepcional caracterizado por la existencia de
gobiernos democráticos, y en donde se ha establecido la paz firme y
duradera, profundizándose aún más los compromisos en materia de
integración, cuyos lineamientos se establecen en la XIX Reunión de
Presidentes Centroamericanos, dirigidos hacia la conformación de la
Unión Centroamericana, como expresión superior de la asociación
comunitaria establecida en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991.
Mantenimiento de la paz
8.-
Creemos oportuno destacar la importancia que le adjudicamos al rol de
las Naciones Unidas en el mantenimiento de la Paz y de la Seguridad
Internacionales. En ese sentido, consideramos que, sobre la base de los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las
operaciones de mantenimiento de la paz constituyen un valioso
instrumento para la solución de los conflictos.
9.- Las
Naciones de nuestra Comunidad que participan en las operaciones de
mantenimiento de la paz, otorgan una especial relevancia a dicha
participación y examinarán los medios de establecer una mayor
coordinación entre sí con vistas a que ésta participación sea aún mas
fructífera.
Mecanismo de los Grupos de Amigos en los procesos de paz y
democratización
10.-
Reiteramos nuestro apoyo a las gestiones emprendidas por los Grupos de
Países Amigos del Secretario General de la ONU y por el Secretario
General de la OEA en América Latina y el Caribe, donde han contribuido
de manera decisiva a la consolidación de la paz, al fortalecimiento de
la democracia y de sus instituciones. Dichas gestiones que han
beneficiado a los países en conflicto, también han permitido la
transformación de los mismos y del sistema internacional vigente.
Desarme y no proliferación
11.-
Refrendamos nuestro compromiso con los objetivos de lograr la no
proliferación de armas nucleares y la adopción de un programa de desarme
que tenga como meta su total eliminación.
Tráfico ilícito de armas
12.-
Expresamos nuestro reconocimiento a las negociaciones llevadas a cabo en
el marco del Grupo de Río y de la OEA que culminaron con la adopción de
la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales
relacionados, la cual se abrirá a la firma los días 13 y 14 de noviembre
de 1997.
Minas
terrestres antipersonales
13.-
Expresamos nuestro reconocimiento a los esfuerzos nacionales e
internacionales dirigidos a revertir la tendencia, aún creciente, al uso
indiscriminado y la transferencia de minas terrestres antipersonal, en
especial por sus reprobables efectos sobre la población civil.
Igualmente, tomamos nota con interés de las negociaciones que culminaron
con la adopción de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su
Destrucción.
Desminado en Centroamérica
14.-
Reiteramos nuestra exhortación a la comunidad internacional a continuar
cooperando y apoyando técnica y financieramente a los países
centroamericanos en sus esfuerzos para la remoción de minas antipersonal
y la rehabilitación de las víctimas, a fin de que puedan concluir antes
del año 2.000 los programas de desminado.
Medidas de fomento de la confianza
15.-
Expresamos nuestro interés en continuar promoviendo Medidas de Fomento
de la Confianza y de la Seguridad entre la Comunidad Iberoamericana, las
cuales pueden ser adoptadas libremente como opción de cada país para
contribuir a consolidar un clima de confianza y seguridad mutua. En este
sentido, manifestamos complacencia por la realización de la Conferencia
Regional de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de
la Seguridad en seguimiento de la Conferencia de Santiago.
Medidas unilaterales
16.-
Expresamos nuestra preocupación por la creciente tendencia a aplicar
unilateral y extraterritorialmente medidas legislativas internas de un
Estado a otros, las cuales violan normas y principios del derecho
internacional y la soberanía de los Estados.
17.-
Esta tendencia que se ha hecho patente además en las evaluaciones sobre
derechos humanos, en los procesos de certificación en la lucha contra el
narcotráfico, en cuestiones medioambientales y en los intentos por
condicionar la cooperación en las formas de votación de los países en
los organismos Internacionales, afecta el orden internacional y la
armonía que debe regir las relaciones entre los Estados.
18.- En
particular, reiteramos nuestro enérgico rechazo a la puesta en práctica
de la denominada Ley Helms Burton, así como a las recientes acciones del
Congreso de los Estados Unidos orientadas a ampliar el alcance de tal
legislación. Exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América
para que reconsidere la puesta en práctica de dicha Ley, que atenta
contra los principios que rigen la convivencia internacional y es
contraria al espíritu de cooperación y amistad que debe caracterizar las
relaciones de todos los miembros de la Comunidad Internacional
Lucha
contra las drogas y los delitos conexos
19.-
Reafirmamos nuestro firme compromiso de cooperar en la lucha contra el
consumo, la producción, el tráfico, la distribución de drogas ilícitas,
y sus delitos conexos, en particular el desvío de precursores y
sustancias químicas esenciales y su comercio ilícito, el lavado de
activos y el tráfico de armas, utilizando todos los medios a nuestro
alcance, contenidos en las respectivas legislaciones nacionales y en los
instrumentos internacionales suscritos, teniendo en cuenta el pleno
respeto a la soberanía de los Estados y la no intervención en sus
asuntos internos y el principio de la responsabilidad compartida.
20.-
Ratificamos nuestro apoyo y compromiso para que la celebración del
Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para tratar el problema de las drogas y sus delitos
conexos, prevista para junio de 1998, permita la adopción de acciones
concretas para el fortalecimiento de la cooperación internacional en
materia judicial, de control de los precursores químicos esenciales y
estimulantes, reducción de la demanda ilícita, prevención y sanción del
delito de lavado de dinero, promoción de programas de desarrollo
alternativo y coordinación internacional contra el trafico de drogas,
armas y el crimen organizado. Con miras a alcanzar estos objetivos,
subrayamos la importancia de estar representados al más alto nivel
político en este evento.
21.-
Reiteramos la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en
los programas y proyectos de desarrollo alternativo destinados a atender
la necesidades de las comunidades involucradas en los cultivos ilícitos,
que garanticen mejores condiciones de vida y la generación de
actividades económicas rentables, que permitan la sostenibilidad de los
mismos dentro de un esquema integral en la lucha contra las drogas.
Lucha
contra la corrupción
22.- Nos
comprometemos a combatir colectivamente la corrupción pública y privada,
que es uno de los principales enemigos de nuestras sociedades, de la
democracia y de la libertad económica. En este sentido, acogemos con
satisfacción la "Declaración de Lima", adoptada en la VIII Conferencia
Anticorrupción celebrada en septiembre de 1997, y exhortamos a nuestros
gobiernos a dar cumplimiento a sus recomendaciones con la colaboración
de los sectores público y privado.
23.-
Invitamos a los países signatarios que aún no lo han hecho a que
ratifiquen o adhieran la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Participación de la mujer
24.-
Afirmamos que la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres es
fundamental para el equilibrio democrático, garantizado por los valores
éticos que responsablemente deben asumir los gobiernos para la toma de
decisiones que conlleven la satisfacción de necesidades y aspiraciones
de los pueblos.
25.-
Proponemos el reconocimiento de la mujer, como un agente fundamental de
los procesos de desarrollo económico y el cambio social, visualizando su
aporte al país y reconocemos la importancia de promover la plena
participación social y política de la mujer en los niveles de decisión y
de gobierno.
Juventud
26.-
Preocupados por los asuntos que inquietan a los jóvenes de nuestros
países, estamos conscientes y convencidos de que es necesario redoblar
los esfuerzos en nuestra gestión gubernamental, con vistas a garantizar
la ampliación de las oportunidades en educación, empleo, salud y
participación democrática de las nuevas generaciones de iberoamericanos.
Población adulta
27.-
Conscientes de la existencia de un alto índice de población adulta en
Iberoamérica, y teniendo presente la evidente desprotección de un
elevado porcentaje de ella, recomendamos la adopción de políticas de
naturaleza multisectorial que tomen en consideración los diversos
aspectos del tema, incluyendo la distribución equitativa de los recursos
y el acceso igualitario a la atención médica y otros servicios.
Participación de las poblaciones indígenas
28.- Nos
comprometemos a tomar en cuenta los modelos de desarrollo propios de las
poblaciones indígenas, que se caracterizan por una concepción integral
de las necesidades de la vida económica y cultural, sin separar una área
de la otra, a diseñar modalidades concretas de asistencia,
reconociéndoles plenamente sus derechos de propiedad, así como la
protección de su patrimonio cultural e intelectual. En ese sentido,
hacemos un llamado a los organismos de cooperación técnica y financiera,
a brindar su apoyo a los proyectos que les sean presentados para
alcanzar dichos objetivos.
Migraciones internacionales
29.-
Subrayamos la responsabilidad de los Estados de origen y destino de
migrantes en cuanto a fortalecer la cooperación en materia migratoria.
En tal sentido, instamos a adoptar, de común acuerdo, medidas tendientes
a asegurarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos, así como su
bienestar social y económico.
30.-
Asimismo, nos solidarizamos con los esfuerzos que realizan los gobiernos
centroamericanos para lograr soluciones humanas y adecuadas a la
compleja situación migratoria que enfrentan aquellas personas que se
encuentran en situaciones migratorias irregulares en terceros Estados,
producto de crisis políticas anteriores. Apoyamos los esfuerzos de todos
los gobiernos interesados en resolver los problemas de las personas que
se encuentran en situación migratoria no documentada. Por ello
expresamos la necesidad de evitar la ejecución de medidas que conlleven
deportaciones masivas, y de cooperar en el desarrollo de programas
destinados a la plena reinserción de los migrantes en sus países de
origen.
Trabajadores migrantes
31.-
Expresamos nuestra profunda preocupación ante las crecientes
manifestaciones de racismo, xenofobia, tratos inhumanos y degradantes y
otras formas de discriminación de que son víctimas los trabajadores
migrantes en el mundo y, al efecto, coincidimos en la necesidad de
promover compromisos para asegurar el respeto a los derechos humanos y
la dignidad de todas las personas. En ese sentido, instamos al pleno
respeto al derecho de todos los migrantes de entrar en contacto con un
consulado de su país, en caso de ser detenidos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares.
Timor
Oriental
32.-Nos
congratulamos y apoyamos los renovados esfuerzos del Secretario General
de las Naciones Unidas con vistas a dar un nuevo impulso al dialogo,
tendiente a alcanzar una solución justa, global e internacionalmente
aceptable para la cuestión del Timor Oriental, en el marco de las normas
y principios del derecho internacional.
Islas
Malvinas
33.-
Afirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la
brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta
solución a la disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas
Malvinas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y
de la Organización de los Estados Americanos y las disposiciones y
objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el principio de
integridad territorial.
Gibraltar
34.-
Expresamos nuestro apoyo al proceso negociador entre los gobiernos de
España y el Reino Unido instaurado por la Declaración de Bruselas de
1984, para que de acuerdo con la doctrina establecida por la
Organización de las Naciones Unidas, se encuentre al contencioso de
Gibraltar una solución negociada sobre la base del principio de la
Integridad Territorial.
Cooperación energética
35.-
Tomando en cuenta el gran potencial de recursos energéticos en América
Latina, nos congratulamos por los progresos alcanzados en la integración
energética en esa región y nos comprometemos a profundizar los esfuerzos
tendientes a ampliar la cooperación en este campo entre los países
iberoamericanos, con miras a fomentar el libre comercio, la integración
y la inversión intrarregionales.
Enseñanza de la historia
36.-
Reafirmamos que la enseñanza de la Historia contribuye a promover la
solidaridad entre nuestros pueblos y apoyamos a la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en
sus esfuerzos por concluir el proyecto que viene desarrollando sobre la
enseñanza de la Historia de Iberoamérica. Dichas conclusiones serán
consideradas en la VIII Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno.
Expo
98
37.-
Reiteramos nuestro apoyo a la realización, en 1998, de la Exposición
Mundial de Lisboa, EXPO 98, cuyo tema será "Los Océanos, un Patrimonio
para el Futuro". Atribuimos la mayor importancia a la contribución que
esta exposición traerá para una mejor definición de la gestión adecuada
de los recursos hídricos, así como la preservación del medio ambiente,
preocupaciones éstas importantes para nuestros países.
Preservación y promoción de las lenguas española y portuguesa
38.-
Otorgamos fundamental importancia a la difusión y enseñanza del español
y del portugués así como a la preservación de su uso como idiomas
oficiales de trabajo en foros multilaterales.
I
Congreso Internacional de Lengua Española
39.-
Reconocemos la labor efectuada por el "Primer Congreso Internacional de
la Lengua Española", celebrado en Zacatecas, México, que supone un hito
en un proceso que ha de conducir al enriquecimiento, consolidación y
creciente difusión de la lengua española, vehículo de comunicación
universal y de progreso y transmisor de cultura. Para ello, es esencial
un adecuado conocimiento de la misma por lo que apoyamos los esfuerzos
para la obtención de una enseñanza de calidad de la lengua española en
los sistemas de educación primaria y secundaria de nuestros países.
Asimismo, y según las conclusiones del citado Congreso, apreciamos los
esfuerzos desplegados para el establecimiento de un sistema de
circulación libre y una rebaja de los fletes postales para el libro
impreso en español.
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)
40.-
Reconocemos la labor desarrollada en el primer año de existencia de la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y hacemos votos para que esta
Comunidad, cuyos valores esenciales compartimos, pueda contribuir a
afirmar al mundo de lengua portuguesa.
Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea
41.-
Saludamos con particular entusiasmo la iniciativa de celebrar una Cumbre
entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea que permitirá a todos
nuestros países impulsar el diálogo político ya existente, reforzar el
dinamismo de los intercambios económicos y reafirmar la dimensión
cultural y humana con una unión histórica, consolidando la relación
especifica entre los dos Continentes que tendrá en cuenta la dinámica,
periodicidad y alcance de los diálogos subregionales en curso.
Hecho en
la Isla de Margarita, a los nueve días del mes de noviembre de mil
novecientos noventa y siete, en castellano y portugués.
Fuente:
http://www.cumbresiberoamericanas.com/principal.php?p=69
Nota: El nombre de nuestro país Cuba
se menciona cero vez en este documento.
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