M.C.U.D.

Primera parte:

Gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa I. Introducción  

1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos nos hemos reunido por sexta vez en el marco de la Conferencia Iberoamericana, en las ciudades de Santiago y Viña del Mar, República de Chile, los días 10 y 11 de noviembre de 1996. En este nuevo encuentro confirmamos y realzamos los principios y objetivos que hemos adoptado en Cumbres anteriores, que han consolidado la fuerza de nuestra Comunidad Iberoamericana, como espacio de concertación y cooperación de características propias.
 
2. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el estado de derecho y el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el imperio del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y, en especial, los principios de soberanía, de no intervención y de igualdad jurídica de los Estados, así como el derecho de cada pueblo a construir libremente, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político y sus instituciones. Este conjunto de compromisos y de principios, que se sustenta en el acervo cultural e histórico que compartimos y que nos ha llevado a constituir la Conferencia Iberoamericana, es la base fundamental y el marco conceptual que orienta nuestra reflexión, decisiones y objetivos que nos hemos trazado en relación con el tema de la gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa.
 
3. En la Cumbre de Bariloche afirmamos que Iberoamérica enfrenta un triple desafío en los umbrales del siglo XXI: la promoción y la consolidación de un desarrollo económico y social sostenido y sostenible; la profundización, ampliación y consolidación de los procesos de integración regional; y su inserción en un mundo en profunda transformación tecnológica y productiva. A estos inmensos desafíos se les une el imperativo de impulsar el desarrollo político, capaz de atender las demandas de una sociedad más participativa, como condición básica para asimilar e incidir positivamente en estos cambios de escala global. La necesidad de consolidar nuestras democracias, haciéndolas más eficientes, participativas y transparentes, se constituye así en una tarea permanente y en un obligado espacio de reflexión y cooperación para nuestros pueblos.

II. Gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa

4. En Iberoamérica existe la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes, constituyen elementos esenciales de la democracia. Hoy somos más conscientes que la consolidación de la democracia es una tarea permanente en que cada pueblo, de acuerdo con su tradición política, debe avanzar resueltamente.
 
5. Nuestras democracias tienen desafíos tales como asegurar una representación y participación efectiva de la población, procurando que las opiniones y las iniciativas -que son condiciones esenciales para el debate abierto y transparente de la vida pública- fortalezcan a las sociedades. La gobernabilidad democrática supone también transformaciones sociales, económicas y culturales profundas que conduzcan a disminuir las desigualdades y los problemas de exclusión social. En este punto corresponde a nuestros Estados una importante e intransferible función.
 
6. A estos desafíos se suman nuevas exigencias derivadas tanto de la globalización como de los propios ajustes económicos, las que hacen urgente e imperativa la cooperación iberoamericana. Asimismo, nuestras democracias deben hacer frente a los retos que suponen la superación de la pobreza, el mejoramiento de la seguridad pública y de la administración de la justicia, así como el combate contra la corrupción, el terrorismo, las drogas ilícitas y sus problemas conexos, el lavado de dinero y otras formas de delincuencia organizada internacional.
 
7. Esta Cumbre persigue establecer un amplio programa de cooperación política para Iberoamérica. Se fundamenta en una reflexión sobre la marcha de la democracia, que nos señala en qué materias podemos cooperar y las condiciones que permiten que esa cooperación sea posible y eficaz. Tenemos la convicción que podremos realizar un vasto intercambio de experiencias nacionales relacionadas con el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, con la formulación y aplicación de políticas públicas y con la intensificación de nuestras instancias de concertación. Estos intercambios, que ya existen a diferentes niveles y con diverso grado de desarrollo, deben ser impulsados con el único fin de ayudar a que nuestras democracias sean expresión de un gobierno efectivo para nuestros pueblos.

III. Condiciones para una cooperación política iberoamericana

8. La cooperación política implica una interacción entre las naciones, que se fundamenta en el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y la independencia de cada país. Ella exige que las tradiciones nacionales arraigadas en cada una de nuestras sociedades sean respetadas, y que se posibilite la elección de los medios, los instrumentos y los mecanismos que cada Nación considere más idóneos.
 
9. Esta cooperación política se funda en criterios desarrollados en Cumbres anteriores que rechazan cualquier forma o intento de alterar el orden institucional, que establecen un mecanismo de consultas en casos de especial urgencia y relevancia y que han permitido gestiones y posiciones comunes en defensa de los valores democráticos y de la soberanía, fundadas en compromisos aceptados por nuestros países.

IV. Dimensiones internacionales de la gobernabilidad en democracia

10. La experiencia política de los países iberoamericanos pone de manifiesto que la gobernabilidad democrática se fortalece en un entorno de paz y seguridad internacionales. Asimismo, valoramos que el régimen democrático contribuye decisivamente a las relaciones pacíficas entre los pueblos.
 
11. La globalización se ha convertido en un elemento característico de la sociedad contemporánea que incide en la vida de nuestros pueblos y en las acciones de los gobiernos. Solo una comprensión cabal de los alcances de este proceso, nos permitirá encarar sus riesgos, aprovechar sus oportunidades y amortiguar los efectos que inciden sobre los sectores más vulnerables de la población.
 
12. En el marco del regionalismo abierto y con el propósito de integrar a nuestros países en un sistema económico interdependiente y crecientemente globalizado, nuestros gobiernos han suscrito e impulsan activamente diversos acuerdos de liberalización de intercambios comerciales a nivel mundial, regional y subregional.
 
13. En este sentido, rechazamos la aplicación de medidas unilaterales, particularmente las coercitivas, contrarias al libre comercio. Ellas constituyen un factor adverso al crecimiento y estabilidad de Iberoamérica, que afecta la gobernabilidad en democracia.
 
14. Destacamos los esfuerzos binacionales y subregionales para desarrollar las infraestructuras de transportes y comunicaciones, que promueven los intercambios económicos, sociales y culturales, tanto entre los países de Iberoamérica como con otras regiones del planeta. De este modo, se está construyendo una red de relaciones cada vez más densa y multifacética, que aproxima el anhelo de integración de nuestros pueblos a un horizonte de realización más cercano.
 
15. Nos comprometemos a intensificar los lazos de cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, el terrorismo, las drogas ilícitas y sus problemas conexos, el lavado de dinero, el tráfico de armas y otras formas de delincuencia organizada internacional. Para ello, conforme lo permitan nuestras legislaciones nacionales, buscaremos los mecanismos de cooperación policial y judicial que permitan el intercambio de información sobre las actividades delictivas; el mejoramiento de la coordinación entre las autoridades judiciales y policiales; y la puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes de los responsables de los actos criminales para su enjuiciamiento y cumplimiento de penas en sus correspondientes países o mediante la extradición. Asimismo, desarrollaremos, mejoraremos y promoveremos los convenios bilaterales y multilaterales sobre este tema, con el fin de intensificar esta cooperación.

V. Dimensiones socioeconómicas de la gobernabilidad en democracia

16. Reafirmamos el hecho de que la estabilidad democrática y el desarrollo económico y social son conceptos que tienden a reforzarse mutuamente, ya que las democracias requieren de políticas sólidas que aseguren un desarrollo económico integral de la sociedad. En este contexto, el tema de la igualdad de oportunidades se plantea con fuerza en la agenda pública, más aún cuando la aplicación de políticas y de prácticas inadecuadas agravó los problemas sociales existentes. La democracia requiere de un Estado que, promoviendo la equidad, concilie los imperativos de crecimiento económico y desarrollo social, privilegie la inversión en el campo social, promueva la igualdad de oportunidades y responda eficazmente a las aspiraciones legítimas de los hombres y mujeres de nuestra región. Ello significa un vasto intercambio de ideas y experiencias en torno a temas tales como: adecuados sistemas tributarios; formas efectivas de gasto social; focalización sectorial y territorial de políticas sociales; educación; salud; lucha contra la pobreza y formas de contribución solidaria de la sociedad civil.

17. En Iberoamérica existe actualmente una comprensión más amplia de los agentes del
desarrollo y de las políticas públicas. Se acentúa la conciencia de que tareas como el crecimiento económico, la creación de más y mejores empleos, y la promoción de la igualdad de oportunidades, no son exclusivas del sector público o del sector privado. Destacamos las experiencias positivas de la acción conjunta del Estado, de los empresarios y otras entidades privadas y de las organizaciones sociales, en el diseño, la gestión y la evaluación de diferentes políticas públicas. Cada vez más la comunidad organizada, a nivel municipal y regional, quiere tener voz y acción en la solución de los problemas que la aquejan. Estos son cambios que debemos reconocer y valorar positivamente.
 
18. El crecimiento y la equidad son exigencias compatibles, de allí la importancia de que el
Estado contribuya a garantizar la complementariedad entre ambas: el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos; la inversión en recursos humanos; la generación de empleo productivo y la modernización tecnológica. Esta confluencia entre democracia y modernización se facilita cuando el gobierno y la sociedad jerarquizan un conjunto consistente de propuestas de transformación productiva con equidad, colaborando así a una mayor certidumbre de expectativas y acciones.

VI. Dimensiones políticas de la gobernabilidad en democracia

19. La gobernabilidad en democracia supone la representación y participación de todos los habitantes de nuestros Estados, sin consideración de origen, raza, religión o sexo, con especial consideración a las poblaciones indígenas, pues ello refrenda la legitimidad de la democracia política. Ello implica reconocer la contribución de las mayorías y de las minorías al perfeccionamiento de nuestros modelos democráticos. Compatibilizar estos requerimientos con el respeto al principio de la igualdad entre todos los hombres y mujeres que habitan Iberoamérica, constituye un desafío para nuestra sociedades.
 
20. Uno de los mayores logros históricos de nuestras naciones ha sido el paso de una política basada en el conflicto a una política basada en la cooperación, que busca poner en común las ideas y los esfuerzos y resolver los conflictos dentro de cauces institucionales, respetando los derechos al debate público. Valoramos, asimismo, que la búsqueda de acuerdos se haya convertido en una práctica en otros ámbitos de la sociedad, como por ejemplo en el área sindical y empresarial.
 
21. Estamos convencidos de que la dignidad de las personas, la igualdad y la participación plena de mujeres y hombres en la política, la economía y la sociedad, son fundamentales para la práctica democrática. La noción de que ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales en nombre de una visión dogmática acerca de la sociedad, del Estado o de la economía, debe afianzarse hondamente en la cultura democrática de nuestros pueblos.
 
22. Al respecto, señalamos la importancia de instituciones que faciliten una defensa más eficaz de los derechos humanos y de las garantías fundamentales, como los Defensores del Pueblo y los Procuradores de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, consideramos imprescindible, para el desarrollo de la gobernabilidad de la región, garantizar también los derechos sociales, económicos y el respeto a la diversidad cultural.
 
23. La raíz ética de la actividad política -la exigencia de valores y de sentido de vocación por la acción colectiva-, constituye el fundamento más importante del respeto hacia esta actividad. Elevar la calidad de la política, de la dirigencia y del debate público debe ser una tarea compartida por todos. Por ello, nos comprometemos a promover el prestigio de la política, para revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular su participación política y social. En este sentido, fortaleceremos, desde la más temprana escolaridad, los programas de formación ciudadana y de educación para la democracia y la participación.
 
24. Las agrupaciones y los partidos políticos tienen un papel esencial en el desarrollo democrático. Por ello, reforzaremos sustantivamente la responsabilidad de estas agrupaciones y partidos en la mediación, en la representatividad nacional y en la selección de los liderazgos, de conformidad con la legislación y las tradiciones políticas de cada uno de nuestros países, para fortalecer su prestigio y legitimidad entre la población.
 
25. Para ello, es necesario que las agrupaciones y los partidos refuercen la definición de sus programas, modernicen sus organizaciones, establezcan modalidades transparentes de financiamiento y refuercen su capacidad de adaptación a las nuevas exigencias de la economía mundial y a la reformas institucionales de cada país. Son también indispensables programas que desarrollen el carácter de derecho público de los partidos.
 
26. El carácter representativo y participativo de la democracia ha tenido un sólido fortalecimiento en Iberoamérica con la celebración periódica de elecciones libres y competitivas, así como mediante el recurso frecuente, en algunos países, a referéndum y consultas directas a la población. Existe un notable mejoramiento de la organización y administración electorales, a través de una más moderna institucionalidad de sus organismos, que han permitido la realización de procesos transparente con pleno respeto a los requisitos esenciales del derecho electoral. Por otra parte, han existido debates e iniciativas para reformar los sistemas electorales hacia modalidades que permitan una representación más democrática de la población y una mayor relación entre los electores y los elegidos. En esta materia, la disponibilidad de información confiable -acerca de las tasas de abstención electoral, del nivel de inscripción en registros electorales, en los partidos y agrupaciones políticas- constituye un paso adicional para el fortalecimiento de la democracia.
 
27. La consolidación de la democracia implica el desarrollo de una cultura de la responsabilidad mutua entre los ciudadanos y las autoridades. Esta es una de las áreas más inexploradas de nuestros esfuerzos políticos. En el caso de los cargos elegidos, debe asumirse plenamente la esencia del mandato, con las correspondientes obligaciones de las partes. Los representantes del pueblo, junto con cumplir su cometido, deben dar cuenta pública y periódica de su gestión. A su vez, los ciudadanos deben conocer sus derechos y ejercerlos, así como respetar las facultades de las cuales están investidos los órganos públicos y sus titulares. En esta mutua responsabilidad reside en gran parte la transparencia que se hace exigible actualmente como una de las principales bases de la democracia.
 
28. La democracia se fortalece en nuestras sociedades cuando la probidad, la responsabilidad y la transparencia se afirman y se consolidan como rasgos esenciales del servicio público y de las prácticas de la sociedad civil y de nuestra cultura política. Reafirmamos especialmente las medidas que toman nuestros Estados para estimular estos comportamientos y prevenir la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1996, nos muestra que es posible tener criterios compartidos y abrir espacios a la cooperación en estas materias. Nos comprometemos a continuar realizando el mayor esfuerzo en esta tarea, y en especial a adoptar las acciones necesarias para lograr la pronta ratificación o adhesión a esta Convención, por los países signatarios.
 
29. En Iberoamérica se realizan numerosas reformas en las diferentes instituciones políticas y en la administración y descentralización del Estado, a partir de las particularidades y necesidades específicas de cada sociedad en el ejercicio de sus derechos soberanos. Estas transformaciones se sustentan en el consenso existente acerca de la supremacía y del fortalecimiento del poder civil como elemento base de la democracia.
 
a. El fortalecimiento de las instituciones políticas
 
30. El fortalecimiento de la democracia en Iberoamérica ha traído consigo una nueva valoración de las instituciones políticas como pilares esenciales del régimen democrático, y un interés generalizado por el perfeccionamiento de los regímenes políticos, de las formas del Estado y de los órganos y estructuras que lo conforman.
 
31. La reforma del Estado abarca a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los países han fortalecido las estructuras de apoyo al titular del Poder Ejecutivo en la coordinación interministerial, en la formulación de las políticas públicas, en el procesamiento de información y en sus tareas de comunicación con los ciudadanos.
 
32. Los Parlamentos experimentan con gran fuerza las transformaciones de nuestras sociedades. Su función representativa es hoy más complicada de lo que fue en el pasado puesto que deben articular una mayor multiplicidad de intereses y de grupos. Sus labores -entre las que sobresale la función legislativa- son cada vez más complejas, debido al incremento de los aspectos técnicos y especializados de estos procesos. Ello hace imperativo ampliar las iniciativas tendientes a apoyar mejores niveles de información y conocimiento para el proceso legislativo, para la correcta fiscalización y para una apropiada comunicación con la opinión pública.
 
33. Una de las más notables reformas es la de la administración de justicia, inspirada en una nueva valoración de su papel en la sociedad, particularmente de su función social. Los cambios en esta área se refieren, por una parte, a la estructura de los tribunales, ampliando su cobertura y facilidad de acceso, y; por otra, a los procedimientos, atendiendo a su agilización y actualización. También se están dando en la región importantes reformas tanto en lo que atañe a las normas procesales como a las de índole sustancial. Asimismo, merecen destacarse las reformas orientadas a la protección de sectores específicos de la población -menores, familia- así como las modificaciones tendientes a asegurar la protección de los legítimos derechos de las víctimas y a dar fiel cumplimiento al principio del debido proceso de las personas privadas de la libertad.
 
b. La reforma de la Administración Pública
 
34. Las tareas del Estado están igualmente sujetas a transformaciones para actualizar antiguas funciones y enfrentar otras nuevas. Obligaciones que el Estado realizaba en forma directa, hoy pueden necesitar solamente una supervisión y un marco regulatorio claro, menos burocrático y más indirecto; en otras, como en las referidas a las políticas sociales, el fomento del progreso técnico y el apoyo a la inserción económica internacional, se desarrollan nuevas modalidades más eficientes. En este marco de transformaciones, resulta necesario redefinir las fronteras entre la público y lo privado; las experiencias intentadas -establecimiento de marcos regulatorios transparentes, incorporación de recursos privados a inversión pública, focalización de subsidios- deben ser incentivadas, teniendo en cuenta las tradiciones nacionales de nuestros Estados.
 
35. El cambio en la Administración apunta a mejorar la calidad y eficiencia de su capacidad de gestión, especialmente en lo que hace al digno trato de los usuarios de los servicios públicos. Ello es especialmente relevante para la calidad de vida de los sectores menos favorecidos, quienes recurren masivamente a estos servicios.
 
c. La descentralización del Estado
 
36. Al igual que en otras regiones del mundo, en Iberoamérica han surgido o se encuentran en pleno desarrollo procesos de descentralización del Estado, que caminan a la par con la consolidación democrática y las reformas económicas que tienen lugar en la región y que buscan superar una tendencia centralista. Así, en Iberoamérica avanza la descentralización, desarrollando espacios políticos, económicos, administrativos y territoriales viables para hacer al Estado más eficiente, para promover la igualdad de oportunidades, para el pleno ejercicio de la ciudadanía y para consolidar una democracia participativa con bases locales y comunitarias.
 
37. En este esfuerzo de modernización y descentralización del Estado en el que estamos empeñados, consideramos al municipio como uno de los elementos fundamentales del proceso de reformas. No hay descentralización sin fortalecimiento de la vida comunal, porque el desarrollo regional se base en medida importante en la participación ciudadana a través de municipios eficientes, conocedores de las necesidades y aspiraciones propias de sus respectivas comunidades. El potencial del municipio, como uno de los ámbitos de política pública y de participación y ejercicio de los derechos ciudadanos, se verá favorecido si se refuerza su capacidad de gestión. En este sentido, valoramos también la emergencia de asociaciones de ciudadanos a nivel comunal, cuya protección y promoción, coadyuva al desarrollo local.
 
38. Al mismo tiempo, los procesos de descentralización deben tener presente -en el marco de una estrecha colaboración entre la Administración Central y las Administraciones Descentralizadas- el principio de solidaridad, con objeto de evitar posibles desequilibrios, así como salvaguardar, en el proceso, el principio básico de la igualdad entre todos los ciudadanos, más allá de su origen étnico o de su residencia geográfica, al interior de nuestros Estados.

VII. Nuestro compromiso

39. Como Gobernantes nos comprometemos a fortalecer decididamente nuestras instituciones y culturas democráticas; a mejorar la calidad de la política, de sus comportamientos y de sus estilos; a modernizar la gestión pública y apoyar los procesos de descentralización; a crear las condiciones necesarias para aumentar los niveles de equidad social, consolidar las bases socioeconómicas que harán posible una democracia integral; y a asumir las oportunidades que ofrece la globalización. Nuestros colaboradores directos, en coordinación con las sucesivas Secretarías Pro Tempore, serán los encargados de la promoción y seguimiento de los lineamientos centrales de esta Cumbre.
 
40. El fortalecimiento y consolidación de la democracia requiere una gran confluencia de nuestra energía colectiva. Los dirigentes y ciudadanos de Iberoamérica debemos, sin tardanza, sumar nuestros esfuerzos a esta tarea crucial para nuestro futuro. Convocamos a los partidos, a los parlamentos, a las variadas organizaciones de la sociedad civil, a los organismos internacionales, a desarrollar con fuerza y creatividad múltiples iniciativas que garanticen la gobernabilidad democrática en toda Iberoamérica. Tenemos la firme convicción de que la cooperación política democrática enriquecerá los horizontes de nuestra Comunidad Iberoamericana y abrirá nuevos caminos para la anhelada integración de nuestros pueblos.

VIII. Reuniones Sectoriales, Agradecimientos, Convocatoria

41. Al destacar la riqueza de intercambio de ideas realizados en las reuniones sectoriales de esta VI Cumbre, hacemos nuestra la Declaración de Managua, adoptada por el II Encuentro de Ministras y Secretarias de Estado de Iberoamérica y nos felicitamos de la institucionalización de esta importante instancia de reflexión en torno a la igualdad de oportunidades. Asimismo, tomamos nota con gran interés de la “Declaración de Valdivia”, adoptada por el Foro Iberoamericano de la Vivienda y del Desarrollo Urbano. Hacemos nuestra la “Declaración de Santiago para el Desarrollo Sustentable de la Agricultura y del Medio Rural” y nos felicitamos de la decisión de los Ministros de Agricultura de Iberoamérica de institucionalizar la existencia del Foro Iberoamericano de Agricultura, entendido como una instancia permanente de diálogo acerca de este importante sector de nuestras sociedades. Acogemos las conclusiones contenidas en la “Declaración de Iquique”, adoptada por el Foro Iberoamericano de Desarrollo Social. Al tomar nota, con interés, de la “Declaración de Concepción”, adoptada por la VI Conferencia Iberoamericana de Educación, señalamos la importancia que reviste para nuestras sociedades el profundizar la cooperación en torno a la educación y al patrimonio cultural común iberoamericano. Reiteramos que el conocimiento adquirido, a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, cumple un papel fundamental en la gobernabilidad de nuestros países, por medio de su aplicación en la satisfacción de las demandas sociales y en la optimización de las capacidades productivas, propiciando una mayor calidad de vida y la equidad social. Por ello, al hacer nuestras las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Científica “El Gobierno de la Ciencia y la Tecnología”, reafirmamos nuestra voluntad de seguir impulsando los esfuerzos en investigación y desarrollo, la cooperación iberoamericana en este ámbito y la adopción de medidas que favorezcan el fortalecimiento de los sistemas científico-tecnológicos de los países de nuestra comunidad. Al tomar nota de las conclusiones de la Conferencia Iberoamericana de Montevideo sobre Derecho de Asilo, realizada en esa ciudad, expresamos nuestro interés para que las regulaciones internas en materia de asilo y extradición sean estudiadas, a fin de lograr una armonización de ambas instituciones en el ámbito de la cooperación iberoamericana, atendiendo al debido respeto de la naturaleza de cada una de ellas. Nos felicitamos de la realización del V Congreso Iberoamericana de Academias de Historia.
 
42. Manifestamos nuestra gratitud al Excelentísimo Señor Presidente Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y por su intermedio al Gobierno y al pueblo de la República de Chile por la calidez y gentileza con que hemos sido recibidos en Santiago y Viña del Mar. Asimismo, deseamos expresar nuestro especial agradecimiento a la Comisión Organizadora de la VI Cumbre Iberoamericana por la excelencia de la organización de esta Cumbre y por el desempeño de la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, durante 1996. 43. Convocamos a todos los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica a la VII Cumbre Iberoamericana, en la República de Venezuela, en 1997.

Fuente: http://www.cumbresiberoamericanas.com/principal.php?p=68

Nota: El nombre de nuestro país Cuba se menciona cero vez en este documento.